En el marco de las reuniones impulsadas por la Comisión de Educación de la Legislatura provincial, se desarrolló un nuevo encuentro para debatir el proyecto que propone la creación de un fondo específico destinado al sistema educativo, a partir de una contribución adicional sobre los ingresos brutos. La propuesta generó opiniones encontradas entre los sectores convocados.

Durante la jornada participaron representantes del sector sindical docente, cámaras empresariales, y asociaciones vinculadas a la hotelería y el turismo. Desde el ámbito comercial expresaron su rechazo a la posibilidad de aumentar las cargas impositivas, argumentando que las ventas vienen cayendo de forma sostenida en los últimos 18 meses y que la situación económica no permite asumir nuevos compromisos fiscales. Indicaron que muchas empresas atraviesan una etapa crítica y advirtieron sobre el riesgo de cierres definitivos.

En tanto, desde el sector hotelero y gastronómico se alertó que nuevas cargas impositivas podrían derivar en pérdida de puestos de trabajo y profundizar el estancamiento del turismo. En ese sentido, manifestaron que los costos de operación se han incrementado, mientras que los valores de los servicios se mantienen congelados desde fines del año pasado.

Desde el ámbito legislativo se informó que estas reuniones forman parte de una serie de consultas con los distintos sectores involucrados y que próximamente se replicarán en Río Grande. También se prevé convocar a autoridades fiscales y municipales, con el objetivo de ampliar la mirada sobre el tema.

Algunos sectores políticos propusieron además convocar a los intendentes de las tres ciudades para que participen activamente del debate y contribuyan a buscar soluciones conjuntas. Se planteó que el financiamiento de áreas clave como educación, salud y seguridad debe ser una responsabilidad compartida y sostenida con criterios de equidad.

Las discusiones continuarán en las próximas semanas, con la expectativa de avanzar en una propuesta que contemple tanto las necesidades del sistema educativo como la capacidad contributiva del sector privado.