El director del Servicio Penitenciario de la provincia, Inspector General Ariel Ciares, advirtió en diálogo con FM del Pueblo que el sistema carcelario de Tierra del Fuego enfrenta un escenario cada vez más exigente y complejo, tanto por el crecimiento constante de la población penal como por la falta de recursos estructurales y humanos.

“Los recursos siempre son finitos, entonces vos tenés que ver qué es lo más sano dentro de estas actividades que tenemos dentro de la institución”, expresó el funcionario, al referirse a la necesidad de reorganizar espacios y funciones frente a las limitaciones existentes.

Ciares explicó que más del 70% de las personas privadas de libertad no pueden acceder a beneficios como salidas transitorias o libertad condicional, debido a la adhesión provincial a la Ley 27.375 que modificó el régimen de ejecución penal en 2017. La mayoría de los internos cumple condenas por delitos incluidos en el artículo 30 de esa normativa, como abusos, violencia de género, uso de armas o infracciones al Código Aduanero.

“Aunque el interno se porte bien, no accede a ningún tipo de beneficio. Entonces nos vemos obligados a generar nuevos espacios, nuevas actividades, y también estímulos internos como más horas de recreación o visitas extraordinarias”, explicó.

Frente al crecimiento constante de la población penal —que estimó en un 23% anual—, consideró urgente avanzar con una proyección de infraestructura adecuada:

“Si hacés una cárcel hoy para 200 internos, en tres años ya la llenaste”, señaló, y agregó que además del espacio físico, se necesita un enfoque profesional diferenciado según el delito.

“El 50% está preso por abuso. Eso requiere psicólogos y equipos especializados que trabajen el delito desde otro lugar”, sostuvo.

También se refirió a la situación de internos por causas federales, como el narcotráfico, que deberían ser alojados en cárceles federales:

“Nosotros informamos a los juzgados que no contamos con condiciones mínimas, pero igual cumplimos la orden judicial. Lo que solicitamos es el traslado inmediato al Servicio Penitenciario Federal”, aclaró.

Por otro lado, Ciares destacó el avance en el acceso a la educación dentro de las unidades:

“Tenemos cinco internos que se han recibido de abogados en lo que va del año, y dos están por rendir tesis. Se dedican plenamente a estudiar”, celebró.

Consultado sobre la salud mental del personal penitenciario, el director explicó que se creó una División de Asistencia Integral para acompañar a los trabajadores:

“El encierro no es sano para nadie. Ni para el preso ni para el guardia. Estar tantas horas en ese ambiente genera problemas que deben ser tratados”, afirmó.

Esta división cuenta con un psiquiatra, un trabajador social y un abogado para asesorías legales, con derivaciones externas a la Secretaría de Salud Mental en los casos que así lo requieran.

“No es sano que el psicólogo sea parte de la estructura interna, porque el personal no asiste por miedo a que se filtre lo que dice. Por eso trabajamos con líneas abiertas y turnos externos”, explicó.

Por último, adelantó que están incorporando entre 50 y 60 nuevos agentes como parte de la emergencia en seguridad, con el objetivo de distribuir mejor las tareas y reducir la sobrecarga horaria del personal activo.

“Nuestro trabajo es muy complicado. Lo que busco es cuidar a mi personal y que estén bien. La sociedad debe saber que cuidamos a personas que, más allá de su delito, algún día volverán a la comunidad. Y debemos trabajar para que lo hagan en mejores condiciones”, concluyó.