Un caso judicial que comenzó como una típica denuncia de grooming en Tierra del Fuego terminó dando un giro inesperado: un hombre acusado y detenido durante varios meses fue absuelto por la Justicia, que determinó que no había pruebas en su contra. En cambio, las pericias revelaron que un grupo de menores de entre 11 y 14 años utilizaba perfiles falsos en redes sociales, intercambiaba imágenes sexuales y hasta pedía dinero a cambio.

La abogada Sandra Arenas, representante del imputado, dialogó con Aire Libre fm y explicó que la causa se inició en septiembre de 2024, cuando la familia de una adolescente denunció que su hija estaba siendo acosada por un adulto a través de Instagram. “Nuestro defendido fue acusado del delito de grooming, un delito grave porque implica el contacto de un adulto con un menor con fines sexuales. Pero las pruebas demostraron que él no había cometido ese delito”, señaló Arenas.

El hombre, que siempre usó su perfil real en la red social, fue arrestado, suspendido de su trabajo y quedó estigmatizado. “Es muy difícil sacarse el mote de acosador o de pedófilo una vez que alguien es imputado por grooming. Perdió su libertad durante meses y también su empleo, aunque finalmente la Justicia determinó que era inocente”, añadió la defensora.

La investigación reveló que el perfil con el que se comunicaba el imputado no pertenecía a una mujer adulta, como él creía, sino a un grupo de al menos cinco niñas que se hacían pasar por mayores de edad. En los teléfonos de las menores se encontraron fotos y videos de carácter sexual. “Las adolescentes no solo utilizaban imágenes de internet para simular ser adultas, también producían y compartían material propio, que en la ley se define como material de abuso sexual infantil”, detalló Arenas.

La abogada advirtió que la situación es de extrema gravedad, ya que no se trató de un episodio aislado. “Este grupo de chicas enviaba fotos y videos, algunos de desnudez, y en ocasiones pedía dinero a cambio. Cuando una de ellas se sintió acorralada, surgió la denuncia contra mi defendido, pero la investigación demostró que había un modus operandi mucho más amplio”, afirmó.

Para Arenas, lo ocurrido refleja un problema que excede el plano judicial y debe encender una alerta en la comunidad. “Pregunto a cada padre y madre: ¿saben con quién se relacionan sus hijos en redes sociales? ¿Qué fotos tienen en sus teléfonos? ¿Qué grupos integran? Lamentablemente, muchos adultos no conocen ni controlan ese universo”, remarcó.

La abogada pidió además que la Justicia actúe frente a las pruebas encontradas: “No se trata de un favor, es una obligación. Si hay material de abuso sexual infantil, corresponde que intervenga la fiscalía y el juzgado de familia. Hay que resguardar a esos menores y también investigar el circuito de difusión de esas imágenes”.

Aunque en la opinión pública fue visto como un caso excepcional, Arenas sostuvo que estas prácticas se repiten en la provincia. “No es un hecho aislado ni un caso que ocurrió de casualidad. Estas situaciones se vienen dando en Río Grande, en Tolhuin y en Ushuaia. Es necesario que se tomen medidas preventivas, que haya campañas de concientización y que las familias estén mucho más atentas”, advirtió.

Mientras tanto, el hombre absuelto espera recuperar su puesto laboral, del que fue suspendido tras la acusación inicial. “Corresponde que vuelva a trabajar. Fue suspendido, no despedido, y tras la absolución su puesto debe ser restituido”, indicó Arenas.

El caso deja al descubierto cómo las redes sociales pueden ser usadas de forma peligrosa por menores y cómo los adultos pueden quedar expuestos a denuncias graves. La absolución de este hombre es un alivio en el plano judicial, pero también una advertencia: detrás de los perfiles digitales se esconden dinámicas complejas que requieren control, educación y responsabilidad compartida entre familias, Justicia y Estado.