El Dr. Federico Rauch, realizó un análisis sobre como impactará la segmentación tarifaria en los servicios de gas y luz en Tierra del Fuego, manifestando que lo único que el gobierno quería en esta oportunidad era un cruce de datos y no proteger los intereses de los argentinos ya que, se reflejaran aumentos en las facturas de los próximos meses.

En primer lugar, Rauch manifestó que “Va a impactar en todos, en todos los usuarios de todo el país, incluyendo a nosotros los fueguinos. Lo que ocurre es que en la provincia la trampa que agrega el sin audiencia pública previa, es que el impacto será menor porque el subsidio sigue existiendo. Esto quiere decir que, sobre los nuevos precios y aumentos que fijan las petroleras, están sujetos a dólares convertibles al cambio oficial, ese es el problema”.

Agregando que “Ninguna clase política se anima a enfrentar a estos concesionarios, estos son los contratos que tienen las petroleras y que son los que extraen por concesión del petróleo, y es el gas que es de todos los argentinos, porque el gas de nuestra propiedad”.

Asimismo, explicó que se debe a que “En los contratos que se firmaron en la época de Martínez de Hoz, en plena dictadura militar, establecieron que el gas que se extrae de la tierra deja de ser argentino, pasando a ser propiedad de los concesionarios. Por lo cual, ellos pueden fijar los precios y en el contrato dice que estos precios pueden ser en dólares”.

En torno a estos contratos, señalo que “La última vez que estos contratos fueron revisados fue en el año 2004, en la presidencia de Néstor Kirchner, el cual armo una comisión de renegociación, pero no siguió adelante con esto. Por lo cual, hoy tenemos contratos que tienen más de 40 años de antigüedad y con empresas que fijan estos precios en dólares, porque nos les importa cuánto ganan los argentinos”.

Debido a esto, sostuvo que “Mientras no se revisen estos contratos, en especial los que son de la jurisdicción de la provincia de Tierra del Fuego, ya que la gran mayoría de gasoductos están ubicados dentro de la isla, esto podría ser discutido y negociado.”

Concluyendo en que “El gobierno ahora ha remarcado que cualquiera que consuma más de 400 kW, se les aplicara la tarifa plena, quedando en evidencia que los formularios y declaraciones que han firmado los ciudadanos, no tenían la intención de proteger los intereses de los consumidores”.