En medio de la polémica generada por la reciente decisión del Gobierno Nacional de reducir progresivamente los aranceles a la importación de celulares, desde el oficialismo defendieron la medida asegurando que no se trata de una acción para perjudicar a Tierra del Fuego, sino de un paquete que también contempla beneficios clave para el sector.

“Yo quiero manifestar que el Gobierno Nacional no quiere que desaparezca la industria en Tierra del Fuego. No quiere que le vaya mal a los fueguinos. El objetivo es que la provincia, al igual que el resto del país, prospere”, expresó la Legisladora de la Libertad Avanza, Natalia Graciania.

La medida contempla una baja arancelaria escalonada que culminará en enero de 2026, pero viene acompañada de otros dos anuncios considerados importantes: la reducción a 0% de los impuestos internos que pagan las empresas radicadas en la isla, y una simplificación del sistema puerta a puerta para vender productos fabricados en Tierra del Fuego al continente, reduciendo costos logísticos y mejorando la competitividad.

En ese sentido, sostuvo que “no es que la baja de aranceles vino sola, como una herramienta para destruir la industria, sino que fue acompañada por medidas de incentivo, como la baja de impuestos internos, algo que las empresas venían reclamando hace tiempo”.

A pesar de estos beneficios, los anuncios generaron rechazo por parte de sectores políticos, sindicales y empresarios locales. Desde la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE) alertaron sobre el impacto negativo que la baja arancelaria puede tener sobre el empleo.

“No podemos dejar de ver que hay sectores que se han apresurado a generar miedo e incertidumbre, hablando incluso del fin de la industria fueguina. Me parece que deberían repensar ese mensaje, sobre todo hacia los trabajadores”, señaló.

Desde el oficialismo nacional apuntaron también al gobierno fueguino y a algunos municipios, acusándolos de “utilizar políticamente” la situación. “Hubiera sido mucho mejor que se pusieran a trabajar en alternativas. No puede ser que cada vez que cambia una condición del mercado, los trabajadores sean la variable de ajuste”, agregó.

Además, criticaron que desde la provincia no se hayan acercado a Nación antes de hacer declaraciones públicas o anunciar acciones judiciales. “Tirar piedras al Gobierno Nacional no contribuye al diálogo. Si realmente hay preocupación, lo primero que se debería haber hecho es buscar canales de conversación para sostener las fuentes laborales”, indicó

Por último, remarcaron la falta de un plan alternativo por parte de la dirigencia fueguina. “Lamentablemente, en los 53 años de la ley 19.640 no se ha logrado reconvertir la matriz productiva. Seguimos dependiendo de una sola fuente de empleo. Y cuando esa fuente se ve amenazada, entramos en crisis. Mientras tanto, se crearon empresas del Estado que no generan producción ni empleo genuino”, concluyó.