Tierra del Fuego vuelve a quedar bajo la lupa por un dato que se repite año tras año: el déficit de su balanza comercial. Según el Instituto Provincial de Análisis e Investigación Estadística y Censos, en junio de este año las exportaciones crecieron un 73,7 %, pero las importaciones lo hicieron un 137,4 %. El resultado fue un saldo negativo de 216 millones de dólares, que se suma a una tendencia crónica: en 2023 el déficit anual trepó a 3.002 millones de dólares y en 2024, aun con un leve repunte exportador, se mantiene en torno de los 1.492 millones.

El contador Ramón Gallardo, profesional de Río Grande, describe una economía “atrapada en su propio régimen industrial”. La base de ese sistema es la ley 19.640, que desde hace décadas otorga beneficios impositivos a las fábricas de electrónica radicadas en la isla. El 82 % de las importaciones se destina a insumos para esa industria. Las exportaciones, en cambio, se concentran en petróleo, gas y productos de mar. “Seguimos dependiendo de un esquema que no se ha traducido en desarrollo sostenible ni en empleo estable”, advierte. En 2018, una resolución nacional habilitó a los productores locales a dar valor agregado a recursos como la madera de lenga, con exenciones similares a las de la industria electrónica. Sin embargo, esos proyectos no prosperaron. “Nadie invierte cuando una simple resolución puede caerse de un día para el otro”, resume Gallardo.

La comparación con la región chilena de Magallanes es inevitable. Allí, con una población semejante a la fueguina, el saldo comercial es positivo: en 2024, el superávit alcanzó 724 millones de dólares. Sus principales exportaciones —salmón, centolla, erizo y metanol— se apoyan en el aprovechamiento del mar y en una política estable de promoción a largo plazo. “Mientras ellos exportan más de 900 millones de dólares en productos del mar, nosotros apenas superamos los 400 millones en total, y el 77 % proviene de hidrocarburos”, detalla el contador.

La fragilidad económica impacta de lleno en la vida cotidiana. El último relevamiento del INDEC revela que el 48,5 % de los habitantes de Tierra del Fuego vive bajo la línea de pobreza y el 10,5 % en la indigencia. En números absolutos, son más de 90.000 personas con ingresos insuficientes y alrededor de 9.200 que no cubren las necesidades básicas de alimentación. El empleo industrial, principal fuente de trabajo privado, cayó de 13.500 puestos en 2022 a apenas 8.400 en 2024. En la última década la población creció un 46 %, pero el empleo formal retrocedió casi en la misma proporción. “Río Grande, la ciudad más industrial, sufre una desocupación persistente. Hay adultos de 40 o 45 años que llevan años sin conseguir trabajo, y jóvenes que terminan la escuela sin perspectivas”, describe Gallardo.

La falta de infraestructura es otro obstáculo para diversificar la economía. Río Grande carece de un puerto de gran escala y el sistema energético provincial no tiene capacidad para proyectos de alto consumo, como los vinculados al hidrógeno verde. “Podemos hablar de energías renovables, pero sin energía de base ni logística es imposible atraer inversiones”, remarca el especialista.

En medio de este panorama, la Legislatura provincial se prepara para debatir una reforma constitucional. Para Gallardo, el proceso puede ser una oportunidad. Propone que el nuevo texto incluya la creación efectiva de un Consejo de Planificación —previsto en la Constitución vigente pero nunca puesto en marcha—, la obligación de aprobar presupuestos sin déficit, la limitación de asesores legislativos y la incorporación de la “ficha limpia” para cargos electivos. “Sin un plan de desarrollo a largo plazo, seguiremos discutiendo lo mismo dentro de diez años”, advierte.

La provincia cuenta con recursos valiosos: pesca, madera, turba, petróleo, gas y potencial para energías renovables. Pero la combinación de reglas inestables, falta de infraestructura y dependencia de un régimen promocional ha frenado cualquier salto productivo. En palabras de Gallardo, “Dios le da pan al que no tiene dientes: tenemos recursos, pero no la capacidad política ni la planificación para transformarlos en bienestar”. Entre cifras rojas y reformas pendientes, el desafío para Tierra del Fuego es claro: convertir su abundancia natural en desarrollo sostenible, empleo genuino y estabilidad social. Hasta ahora, las estadísticas muestran que esa meta sigue siendo una deuda pendiente.