La industria textil de Tierra del Fuego atraviesa un momento de máxima tensión. La continuidad de Australtex, una de las plantas más importantes del sector en Río Grande, quedó en manos de la Justicia tras un reclamo del Gobierno nacional que amenaza con dejar sin empleo a más de 200 familias.

Roberto López, secretario general de la Asociación Obrera Textil, explicó que la empresa trabaja amparada en una medida cautelar, pero que ahora enfrenta un nuevo frente de conflicto. Nación le exige cumplir con una obligación establecida en 2016: comprar al menos un 20% de la materia prima en el país. “El problema es que nunca hubo proveedores capaces de abastecer la demanda de Australtex. La fábrica, al igual que otras, mandaba notas a Industria avisando que no conseguía insumos en Argentina. Aun así, Nación dice que no cumplieron y quiere que paguen una millonada sin el beneficio de la ley”, señaló.

El dirigente sindical no dudó en calificar la situación como una persecución. “Parece que este gobierno tiene algo contra los textiles y los quiere sacar de la isla. Esto lo arrastramos desde 2023, cuando quedamos fuera de la prórroga del subrégimen. Creímos que íbamos a tener tranquilidad, pero no fue así”, advirtió.

Ante este escenario, la empresa ya tomó una decisión: “Hablé con los directivos y me dijeron que no están ni mejor ni peor, que van a seguir trabajando mientras la cautelar se mantenga y que judicializaron todo. Ellos quieren seguir produciendo y le apuestan a eso”, confirmó López.

La tensión no se limita a Australtex. Otra fábrica, Fabrisur, ya anunció que bajará definitivamente sus persianas en octubre. “De los 39 trabajadores que figuraban en los registros, hoy quedan menos de diez. Ya vinieron los apoderados a arreglar con la gente y lo que falta es terminar de desmontar la planta. El 13 o 14 de octubre se termina todo”, lamentó el sindicalista.

López alertó que detrás de estas medidas hay intereses externos que desde hace tiempo buscan debilitar al polo industrial fueguino. “Siempre hubo lobby de empresas de afuera que dicen que las textiles de la isla no tienen que estar, porque acá reciben beneficios que en el continente no. Les molesta que Australtex produzca y compita, porque abastece rápido, hace precio y rompe el mercado. Ahora este gobierno parece escuchar más esos reclamos que a los trabajadores”, denunció.

El impacto social de la crisis es evidente. “No hablamos de dos o tres operarios: son 207 familias en Australtex que están con la incertidumbre de no saber qué va a pasar. Viven con una espada de Damocles en la cabeza. Como gremio hacemos todo lo posible, hablamos con la empresa y con el Gobierno provincial, pero esto depende de Nación y de lo que decida un juez”, explicó López.

El secretario general remarcó que la provincia acompaña el reclamo: “El gobernador y la Secretaría de Industria están al tanto, se discuten los puntos, pero Nación no quiere dar el brazo a torcer. Por eso decimos que lo que hay detrás es una decisión política de empujar a las textiles fuera de la isla”.

Con más de 9.500 trabajadores protegidos por la ley 19.640 en distintas ramas y 305 en el sector textil, el futuro del régimen vuelve a estar en debate. La judicialización de Australtex marcará un precedente decisivo para el resto de las empresas y para el destino de cientos de familias que dependen de la actividad.

“Nosotros vamos a seguir peleando para que la textil se quede en Tierra del Fuego. No vamos a aceptar que otra vez familias enteras queden en la calle como pasó con Fabrisur”, concluyó López.