Un proyecto busca asegurar que las cuotas alimentarias ordenadas por la justicia sean depositadas en tiempo y forma el mismo día en que los trabajadores estatales cobran sus sueldos. La iniciativa contempla a empleados de la administración pública, del poder legislativo y judicial, así como de entes descentralizados y autárquicos.

La propuesta apunta a proteger los derechos de los beneficiarios —en su mayoría niños y personas en situación de vulnerabilidad— a través de un mecanismo automático de descuento y transferencia, evitando demoras u omisiones que puedan perjudicar su desarrollo integral.

El texto legislativo remarca que los alimentos representan un derecho humano básico y que su cumplimiento tiene un impacto directo en la calidad de vida de quienes los reciben. Además, se recuerda que la obligación alimentaria abarca no solo la manutención, sino también aspectos como la educación, salud, vestimenta, vivienda y recreación.

El incumplimiento de esta obligación, señalan, puede tener consecuencias graves en el bienestar físico y emocional de los beneficiarios. Por ello, el proyecto plantea la automatización del proceso como una medida concreta para garantizar que quienes dependen de estas prestaciones no vean afectadas sus condiciones de vida por demoras evitables.

La implementación de este sistema también pretende fortalecer la responsabilidad parental y asegurar un estándar mínimo de protección para quienes más lo necesitan.