El caso de la reforma constitucional en Tierra del Fuego, recientemente avalado por el Superior Tribunal de Justicia provincial, podría llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La eventual presentación se basaría en un antecedente de 2019, conocido como “caso La Rioja”, en el que el máximo tribunal declaró inconstitucional un proceso de reforma constitucional por no ajustarse a los requisitos de la carta magna provincial. En aquel fallo, la Corte invalidó todo el procedimiento y sus resultados.

El planteo sostendría que en Tierra del Fuego existen irregularidades similares e incluso más evidentes. El principal argumento giraría en torno al artículo 194 de la Constitución provincial, que establece que la ley de reforma debe fijar un plazo para realizar la elección. La Ley 1529 determina que ese plazo es de 210 días, límite para concretar la elección y no para efectuar la convocatoria, como habría interpretado el Poder Ejecutivo.

Otro cuestionamiento se centraría en que la sentencia del Superior Tribunal habría asumido funciones propias del Poder Legislativo, al otorgar un plazo de 210 días hábiles para que se dicte un nuevo decreto, lo que podría contradecir el principio de división de poderes establecido por el sistema republicano de gobierno.

La Corte Suprema evaluaría, en caso de recibir la presentación, si el procedimiento cumplió con lo establecido en la Constitución provincial y si correspondería anular el proceso de reforma.