La petrolera Roch S.A., una de las principales operadoras hidrocarburíferas de Tierra del Fuego, decidió no solicitar la prórroga de los permisos de explotación que vencen en agosto de 2026. La decisión, confirmada por fuentes del Ministerio de Energía provincial, generó preocupación en el sector por su impacto en el futuro laboral, productivo y ambiental de las áreas bajo su gestión.

De acuerdo con la normativa vigente, las empresas deben pedir la extensión de sus concesiones al menos un año antes del vencimiento. En este caso, Roch no realizó la presentación dentro del plazo establecido, lo que activa el proceso administrativo de reversión de las áreas al Estado provincial. Esto abre un nuevo escenario de incertidumbre sobre quién asumirá la continuidad operativa y las tareas de remediación ambiental una vez finalizadas las operaciones.

La compañía —cuyo principal accionista es Ricardo Omar Chacra— tiene más de dos décadas de actividad en la isla y actualmente opera en Río Cullen (355 km²), Las Violetas (1.210 km²) y Angostura (417 km²), ubicadas en la cuenca Austral, donde produce petróleo y gas natural. Sin embargo, en los últimos años la firma ha enfrentado dificultades financieras, con una reestructuración de deuda a fines de 2024, una reducción en las inversiones de exploración y pasivos fiscales pendientes con la provincia.

La noticia también generó preocupación entre los sindicatos petroleros, que advierten sobre la posible pérdida de empleos directos e indirectos y la falta de garantías respecto a las obligaciones de cierre y remediación de pozos. Especialistas del sector señalaron que, sin un plan de transición, esos compromisos podrían quedar sin responsables, lo que implicaría un alto costo económico y ambiental para el Estado fueguino.

El retiro de Roch se suma al proceso de reestructuración de YPF en la provincia, que ya cedió sus áreas a la empresa estatal Terra Ignis Energía S.A.. Ambos movimientos profundizan el reacomodamiento del mapa energético fueguino, con una creciente participación estatal y una menor presencia de operadoras privadas.

Con la salida de YPF confirmada y la de Roch en camino, la provincia enfrenta una encrucijada energética y económica: cómo sostener la producción y el empleo, garantizar la preservación ambiental y mantener los ingresos por regalías, que resultan claves para financiar compromisos como el Bono TFU 2027, reestructurado hasta enero de 2030.