A casi una semana de que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación resolviera inhabilitar e intervenir por 12 meses el Puerto de Ushuaia, la Legislatura de Tierra del Fuego no puso en marcha al menos de manera visible la Comisión Legislativa de Seguimiento Estratégico, un órgano creado por ley en 2003 justamente para actuar ante situaciones que comprometan activos considerados clave para la Provincia.

La falta de reacción institucional resulta llamativa si se tiene en cuenta que hace más de dos décadas el propio Parlamento fueguino sancionó una norma que declaró de carácter “estratégico” a los puertos provinciales, las aeronaves y aeropuertos provinciales, la infraestructura logística, los servicios vinculados al tráfico antártico y subantártico, así como los recursos e infraestructura hidrocarburífera.

Esa ley no solo delimitó qué áreas debían ser protegidas como intereses estratégicos de Tierra del Fuego, sino que además creó una comisión específica con amplias atribuciones. Entre ellas, se estableció la facultad de “entender integralmente” en los aspectos alcanzados por la norma, “identificar e informar” hechos que pudieran comprometer los intereses protegidos, “sugerir cursos de acción” para su defensa e “interactuar con organismos provinciales y nacionales” para garantizar el cumplimiento de los objetivos fijados.

Pese a ese marco normativo, la comisión integrada según la última información oficial por Luciano Selzer (LLA), Gisela Dos Santos (ST), Federico Greve (FORJA), Victoria Vuoto y Juan Carlos Pino (PJ), Damián Löffler (MPF) y Raúl Von Der Thusen (SF) no emitió pronunciamientos ni activó mecanismos institucionales tras la decisión adoptada el miércoles 21 por el organismo nacional que conduce Iñaki Arreseygor.

El receso legislativo de verano aparece como una de las explicaciones posibles, aunque no termina de despejar los interrogantes. De los siete integrantes de la comisión estratégica, cinco forman parte de la primera comisión de receso, que se encuentra en funciones hasta este miércoles 28. Ese cuerpo, que también integran Federico Sciurano (FORJA), Laura Colazo (PV) y Tomás García (PJ), tiene entre sus competencias “observar los asuntos de primordial importancia, interés público, social, jurídico y económico de la Nación y la Provincia” y “convocar a sesiones extraordinarias siempre que fuere necesario”.

La atención política se traslada ahora al jueves 29, fecha en la que se renovará la integración de la comisión de receso. En esa instancia, quedará por verse si los legisladores Federico Greve y Myriam Martínez (FORJA), Matías Lapadula, Natalia Graciana, Victoria Vuoto, Jorge Lechman y Pablo Villegas consideran que la situación del puerto capitalino amerita activar la Comisión de Seguimiento Estratégico, abrir un canal formal de información y fijar una posición legislativa.

En un asunto que el propio Poder Legislativo calificó como estratégico hace más de veinte años, la incógnita no se limita a los efectos que la intervención pueda tener sobre la operatoria portuaria. También crece la pregunta sobre por qué el órgano creado para monitorear y defender esos intereses aún no tuvo participación, especialmente cuando fue otra norma la ley 1596, sancionada en julio del año pasado la que habilitó el camino para que la ANPyN avanzara sobre el Puerto de Ushuaia.

Si querés, puedo ajustarla a tono más crítico, más neutro, o formato editorial/análisis político.