El Sindicato de Profesionales de la Salud (Siprosa) mantiene desde hace medio año un plan de lucha que combina paros, asambleas en los lugares de trabajo y la atención reducida a un paciente por hora en los hospitales de Río Grande y reuniones por turno en Ushuaia. Pese a las propuestas presentadas, no obtienen una respuesta concreta del gobierno provincial.

“Llevamos casi un semestre de lucha. Comenzamos con jornadas de visibilización, luego movilizaciones y ahora medidas directas. En seis meses avanzamos muy poco”, describió el bioingeniero Daniel Romero, secretario de Organización del Siprosa, en diálogo con Radio Fueguina

Romero señaló que el eje del conflicto es la administración de los recursos. “Hay profesionales en otras áreas del gobierno que pueden ganar más de doce millones de pesos, mientras que en salud muchos no llegan a dos millones y medio. Hablamos de un servicio esencial, trabajadores esenciales, y no podemos lograr que se destrabe la cuestión de la administración de los recursos”, advirtió.

Uno de los puntos más críticos es el pago de las guardias. “Una guardia de 12 horas se paga alrededor de 30 mil pesos, una cifra que resulta una vergüenza si se considera la responsabilidad y la carga laboral que implica”, afirmó. A esto se suma la falta de reconocimiento dentro de la carrera sanitaria y la demora en crear un complemento salarial que fue acordado el año pasado con otros sindicatos.

El dirigente cuestionó además el denominado “módulo quirúrgico”, un plus económico que solo beneficia a cirujanos, traumatólogos u odontólogos que trabajan en quirófano. “Esto genera una diatrogenia dentro del sistema: se privilegia al cirujano, pero no al anestesista, instrumentista o enfermero. La salud no se mide por cuántos pacientes se atienden sino por el cuidado integral del paciente”, explicó. Según Romero, esa diferenciación fomenta que algunos profesionales concentren su trabajo en la cirugía en detrimento de otras tareas esenciales, como la atención en consultorio o la participación en programas de salud pública.

La falta de profesionales ya se siente en áreas clave. “Hoy tenemos una sola oftalmóloga en el sistema público. Si se licencia, no hay reemplazo. Ya no tenemos otorrinolaringólogos. Y hay trabajadores de salud que cobran menos de un millón de pesos, por debajo de la canasta familiar”, alertó.

Romero también expuso la dependencia del sistema público frente a la medicina privada. “Se destinan fondos públicos para cubrir deudas de obras sociales con prestadores privados. El día que esos fondos no aparezcan, el privado corta y nosotros, desde la salud pública, tenemos que responder igual”, remarcó.

Sobre su labor como bioingeniero, Romero contó que él y un equipo de colegas se encargan de garantizar el funcionamiento seguro de los casi tres mil equipos médicos que tiene la provincia, desde respiradores hasta máquinas de diálisis. “Antes había que esperar que viniera un prestador de Buenos Aires. Hoy lo resolvemos acá, lo que mejora mucho la seguridad del paciente”, señaló.

A seis meses del inicio del reclamo, el Siprosa mantiene agenda con los ministerios de Salud y Economía, pero sin resultados. “Lo que más nos preocupa es la falta de respuestas. Sin un cambio en la administración de los recursos, la salud pública provincial seguirá en riesgo”, concluyó Romero.