En lo que va de 2025, Tierra del Fuego ya contabiliza 8 casos de tuberculosis, según datos del Ministerio de Salud de la Nación. Si bien la cifra puede parecer baja en comparación con otros distritos, en una provincia de baja densidad poblacional como la fueguina representa una alerta sanitaria que se enmarca en una tendencia nacional preocupante: en todo el país se notificaron 7.975 casos, lo que implica un incremento del 11% respecto al mismo período de 2024.

Desde el año 2020, Argentina ha mostrado un crecimiento sostenido en las notificaciones positivas de tuberculosis, fenómeno que también afecta a países de la región y que se profundizó tras la pandemia. En respuesta a este panorama, el Ministerio nacional viene adoptando una serie de medidas para mejorar el diagnóstico, fortalecer la prevención y asegurar el tratamiento.

En Tierra del Fuego, se reforzó la estrategia de descentralización del diagnóstico y tratamiento, promoviendo la detección temprana en los centros de salud y hospitales de toda la provincia. Se insiste especialmente en el seguimiento riguroso de los tratamientos, que pueden durar entre seis meses y un año, con el objetivo de evitar abandonos o recaídas.

A nivel nacional, se distribuyeron más de 4,6 millones de comprimidos para tratamientos de primera y segunda línea, se incorporaron nuevos equipos para diagnóstico molecular y se capacitó a más de 250 promotores sanitarios. En paralelo, se focalizó la búsqueda activa de casos en poblaciones priorizadas, como niños, personas privadas de libertad, migrantes y sectores en situación de vulnerabilidad.

La vacuna BCG, que forma parte del Calendario Nacional de Vacunación, continúa siendo la principal herramienta preventiva. En Argentina, la cobertura alcanza actualmente al 84,7% de la población objetivo. Se recuerda que la tuberculosis es una enfermedad prevenible, de notificación obligatoria y con cobertura garantizada por el Estado.

El Ministerio de Salud de la Nación hizo un llamado a todas las provincias —incluida Tierra del Fuego— a intensificar la vigilancia epidemiológica, fortalecer el trabajo en el primer nivel de atención y asegurar el acceso equitativo al diagnóstico y tratamiento. La persistencia de la enfermedad como problema de salud pública exige una respuesta articulada, sostenida y basada en evidencia en todo el territorio nacional.