En diálogo con FM del Pueblo, el representante de los trabajadores y trabajadoras en la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), Franco Tomasevich, se refirió a la multa impuesta por la Justicia al organismo por el incumplimiento de una orden judicial, que asciende a 250 mil pesos por día, y cuestionó que se responsabilice a los vocales por decisiones sobre recursos que no están bajo su control.

“Esas son las consecuencias, de la misma manera que el corte de prestadores, el no pago a las farmacias convenidas o a los AT. Todo eso tiene una causa y responsables”, explicó Tomasevich. En ese sentido, señaló que la principal dificultad radica en la falta de recursos, debido a que la obra social recibe ingresos por unos 7 mil millones de pesos, mientras que los gastos ascienden a 13 mil millones.

“Hoy tenemos una deuda de 3 mil millones de pesos de contribuciones que todavía no ingresaron”, agregó, al tiempo que precisó que tanto el Gobierno provincial como el Municipio de Río Grande son los principales deudores. A esto se suma una deuda de 100 mil millones de pesos en concepto de prestaciones RUPE, que según recordó “llevó a una denuncia penal de mi parte al ministro de Desarrollo Humano y a la presidenta de OSEF por el no pago de esa deuda”.

Tomasevich también cuestionó que, pese a las medidas votadas en la Legislatura mediante la Ley 1596, que preveía fondos provenientes del superávit del puerto, ingresos brutos y aportes de organismos que no contribuían, “no ingresó un solo peso a la obra social, y ahí están las causas y los responsables”.

Además, remarcó la necesidad de aclarar que la responsabilidad sobre los recursos recae en la Presidencia del organismo, conforme a lo que establece la Ley 1071, artículo 7 inciso A:

“Cuando corta el CEMEP aparece mi cara como si yo fuera el responsable. Y de la misma manera, cuando hay un amparo, nos están queriendo cobrar las multas, cuando en realidad nosotros no definimos sobre los recursos”.

El vocal adelantó que apelará la multa, al considerarla “totalmente injusta”:

“Si me dan la potestad para poder definir sobre los recursos mediante la modificación de la Ley 1071 y yo no cumplo, me hago cargo. Pero si no me das esa potestad, me estás multando por algo que no puedo definir”.

En otro tramo de la entrevista, el dirigente apuntó contra el criterio judicial en algunos fallos:

“Ha habido casos en los cuales la Justicia resuelve sobre una prestación que sale 25 millones en un lugar y 5 millones en otro, sin ningún criterio médico. Y nosotros lo recusamos, porque la práctica es la misma y de la misma calidad”.

Por último, Tomasevich criticó la falta de aplicación de los recursos previstos por ley y lamentó que “es más fácil pegarle a dos trabajadores que pelearse con la Legislatura”, en referencia a la baja de cónyuges de la obra social dispuesta por la Ley 1596.

“Nosotros ya hicimos los reclamos e intimaciones por las deudas, pero de todo lo que debía ingresar, no entró un solo peso. Lo único que se aplicó fue la baja de cónyuges, como si eso fuera a solucionar el problema financiero de la obra social”, concluyó.