El juez de instrucción Javier De Gamas Soler concedió los recursos de apelación en la causa donde fueron procesados cinco personas por el delito de estafa tras el proyecto de las 128 viviendas sociales para afiliados de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Ushuaia.

Los 5 procesados ocupaban cargos jerárquicos en la Comisión Directiva del gremio y entre ellos se encuentra el Secretario General de ATE, Carlos Córdoba. Los acusados recurrieron el fallo ante la Cámara de Apelaciones del Distrito Judicial Sur, que ya tiene en su poder las actuaciones, si se convalida lo actuado la causa se encaminaría al juicio oral y público. De lo contrario, habrá que esperar las posiciones que adopten los jueces para saber cuál será el rumbo del expediente.

De esta manera, la Cámara puede confirmar los procesamientos o cambiar el criterio de la instrucción, donde hasta el momento se consideró que existen pruebas suficientes para inculpar a los acusados.

El juez de Instrucción de Ushuaia, De Gamas Soler, dio por demostrado que los directivos de ATE y otros allegados se unieron para organizar un plan “destinado a percibir grandes sumas de dinero de forma mal habida, utilizando un argumento tan sensible como puede ser el acceso a la vivienda propia”.

La Justicia procesó por la maniobra a Córdoba por “22 hechos de estafa que concurren realmente entre sí y defraudación por administración fraudulenta”. Y por los mismos ilícitos a la secretaria de Acción Social de ATE Lilian Carolina Galli.

También se procesó a la “cara visible” de la maniobra, Miguel Arana, un empleado municipal e integrante de la comisión de viviendas de ATE, a quien le adjudicaron 22 hechos de estafa que concurren realmente entre sí, defraudación por administración fraudulenta en concurso ideal con 7 hechos de falsificación ideológica de documentos y lavado de activos de origen delictivo.

Los demás procesados son Gisela Edith Escobar (pareja de Arana) por “lavado de activos de origen delictivo” y Erik Enrique Moscoso Panozo, también por “lavado de activos de origen delictivo”.

“El grupo criminal se arrogó la facultad de “guardarse lugares” entre las 128 soluciones habitacionales, para comercializarlos a discreción, claramente de manera ilegal, lo que resultaría indefectiblemente en un doble perjuicio. Por un lado, la estafa al que abonó valores por un departamento que luego debería volver a abonar en su integridad al IPV, y una defraudación a los afiliados legítimos de ATE que perdieron su posibilidad de acceso a una vivienda digna por la maniobra fraudulenta remarcó De Gamas Soler.

Según los números compilados por la Justicia, la maniobra con las viviendas de ATE implicó una estafa de $8.145.000 y U$S 52.000 dólares, lo que equivale a unos 11,3 millones de pesos.