LEGISLATURA – 3ª SESIÓN ORDINARIA- La aprobación unánime del régimen de incentivo fiscal para el desarrollo de la actividad turística, la designación del abogado Francisco Ibarra Rodríguez como procurador penitenciario y la ratificación de Sebastián Dani como subcontador General de la Provincia se convirtieron en los temas más de la sesión del pasado miércoles. El proyecto del Ejecutivo que proponía modificar la base de cálculo de las tasa de verificación de procesos productivos y de certificación de origen se giró a Comisión de Presupuesto. El proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para adecuar la ley normativa provincial al fallo de la Suprema Corte de Justicia de Nación que había declarado inconstitucional e ilegal el mecanismo de determinación de la base imponible de la tasa de verificación de procesos productivos a la industria, debió ser girado a la Comisión de Presupuesto por cuanto la iniciativa gubernamental había olvidado incorporar a la actividad hidrocarburífera dentro del nuevo esquema de cálculo.

Ese desliz  frustró la posibilidad cierta y concreta de que el miércoles pasado se diera un corte definitivo a un tema que puede tener un significativo impacto negativo en los ingresos económicos que permiten sustentar el funcionamiento del Estado Fueguino.

El radical Pablo Blanco fue el encargado de mocionar el pase a comisión del asunto para corregir el texto de la modificación a la Ley Impositiva, no sin antes dejar en claro que la voluntad política inicial de los parlamentarios era aprobar la reforma en cuestión, pero que la deficiente elaboración del proyecto gubernamental obligaba a postergar esa definición para dar tiempo a la Legislatura a corregir las deficiencias detectadas.

Definida la suerte de lo que constituía el tema de mayor trascendencia a ser abordado en el marco de la tercera sesión ordinaria del año, los 12 parlamentarios presentadas (estuvieron ausentes Del Corro, Arcando y Lechman) se abocaron a dar tratamiento a los restantes asuntos que integraban el orden del día.

Así, y por unanimidad, se designó al abogado Francisco Ibarra Rodríguez como procurador penitenciario. La terna de candidatos estaba conformada además por los abogados Pedro Fernández y Hernán Gaite, pero fue necesario recurrir a votación alguna para definir la cuestión, ya que el radical Pablo Blanco mencionó que se había arribado a un acuerdo entre los ternados, por el cual se resolvió que el candidato impulsado por la UCR resultara electo, con el compromiso de este de designar a Pedro Fernández (propuesto por la legisladora Siracusa) como procurador adjunto.

También en decisión unánime se aprobó el proyecto de ley, presentado por la UCR, que establece un régimen de incentivo impositivo para el desarrollo de la actividad turística, que consiste en la exención parcial del pago de los impuestos sobre Ingresos Brutos y de Sellos por hasta 15 años en caso de inversiones de más de 47 millones de pesos para la compra de inmuebles con destino a la construcción de infraestructura turística; o de vehículos de transporte, aeronaves o embarcaciones de cualquier tipo destinada a la explotación de la actividad.

Sin que existiera tampoco opinión alguna en contrario, los parlamentarios ratificaron la designación de Sebastián Dani como subcontador General de la Provincia, convirtiéndose así en el sexto funcionario que desde el inicio en diciembre de 2007 ocupa ese cargo.

Por otra parte, se convalidó el convenio suscripto con la Subsecretaría de Obras Públicas de Nación, por el cual esa dependencia del Gobierno nacional se compromete a financiar  la obra de ampliación del centro asistencial de Tolhuin, por un monto cercano a los 12 millones de pesos.

Además, a instancias de una iniciativa de la justicialista Susana Siracusa, se aprobó una ley que designa con el nombre del fallecido presidente del IPV, José Luis Del Giudice, el edifico sede del Instituto de la Vivienda en Río Grande.