Pide mejores condiciones edilicias y que se implemente la Ley Nacional 24660.

En la Provincias de Tierra del Fuego, desde la creación del proyecto de Procurador Penitenciario, que fue una iniciativa de los internos de los penales de Ushuaia y Río Grande, con el acompañamiento del Presidente de la Comisión de Seguridad de la Legislatura Provincial, se llevó adelante y hoy es la Ley 1027, paralelamente se creó el Sindicato SUTPLA Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria, adherido a la CTA de los Trabajadores de Tierra del Fuego, quienes nos acompañan en lo que llevamos adelante desde que lo creamos.

Hoy en particular, la mayoría de los internos, entendemos que no estamos teniendo el tratamiento penitenciario que deberíamos tener, lo cual hemos planteado mediante escritos a la administración del Servicio Penitenciario Provincial, a los cual siempre se hizo caso omiso, nunca recibió a ningún interno ni respondió ningún escrito, hemos enviado notas y pedidos a los diferentes Directores, tanto del Penal de Ushuaia como en el de Río Grande, solicitando el cumplimiento de la Ley 24660, que prevé el tratamiento eficaz de los internos con el fin de reinsertarnos en la sociedad, tenemos internos con diferentes procesos penales y por diferentes motivos, y no se está cumpliendo con ningún tipo de tratamiento, y está claro que en la última década de lo único que se habla es del alto porcentaje de reincidencia, porque quienes salen de los penales terminan siendo reincidentes por la falta de tratamientos que colaboren con el proceso de reinserción social para la no reincidencia, esto lleva necesariamente una reinserción laboral, pero eso no se puede llevar adelante sin la capacitación y acompañamiento necesario a todo nivel, educativo, sanitario, psicológico y moral, esto es responsabilidad del Ministerio de Gobierno quien es la cabeza del Servicio Penitenciario Provincial, y todos los órganos que componen dicho servicio.

En necesario que se lleve adelante el tratamiento individual de cada preso, hoy es nulo, es una realidad que la mayor cantidad de reclusos son menores de 29 (veintinueve) años, estamos hablando de una juventud que debe ser reinsertada en la sociedad con herramientas eficaces para no reincidir.

Somos nosotros quienes reclamamos al Estado Provincial y a la Justicia que se lleve adelante los tratamientos como corresponda a cada uno de los internos, para poder tener la posibilidad, a medida de que vayan egresando, de un proyecto de vida, una progresividad en la calidad de vida y una verdadera reinserción social y laboral, como lo dice la Ley 24660.

A estos reclamos, lo único que recibimos por parte del Servicio Penitenciario, son castigos, persecuciones y torturas psicológicas, de los internos que presentan Habeas Corpus o notas de pedidos a las Fiscalías o a los diferentes Jueces de Ejecución, se arman expedientes disciplinarios como método de persecución para acobardar y amedrentar a quienes piden el cumplimiento de la Ley para que sea posible la reinserción.

En síntesis, lo único que reclamamos desde el SUTPLA es que se tome cartas en el asunto, que los órganos y entes que deben fiscalizar y hacer el seguimiento del progreso de los detenidos, que se cumpla el tratamiento individual de cada preso, que se pueda llevar a ver dentro de la administración de del Servicio Penitenciario Provincial, también pedimos una auditoria, que desvele en que se gasta el presupuesto anual que maneja el Poder Ejecutivo Provincial y que se lo da al Servicio Penitenciario y que es pare el uso, de los gastos que se insumen, por cada interno. Lamentablemente, viendo la situación edilicia del Penal, parece que no están siendo utilizados para los fines previstos.

Que haya un médico en el Penal es de mucha importancia ya que tenemos internos con diferentes problemáticas de salud, lo que si se hace es trasladar a la mayoría de los internos a salud mental donde son medicados por depresión u otro tipo de patología y poder tenerlos medicados las 24 horas para que no sean molestia para el Servicio.

Son muchas las irregularidades, pero concretamente lo que pedimos humildemente como internos es que aquellas autoridades de los Poderes Ejecutivo y Judicial, sean verdaderos entes de contralor como lo dicen los Arts. 208 y 209 de la Ley 24660.