El Fiscal de Estado de Tierra del Fuego volvió a manifestar reparos y objeciones al nuevo acuerdo de resolución de conflicto firmado entre el Gobierno provincial y la empresa Tierra del Fuego Energía y Química S.A. (TEQSA), que fue girado a la Legislatura el pasado 11 de junio para su tratamiento. El funcionario consideró que el Ejecutivo incurre nuevamente en errores similares a los cometidos con el convenio original de 2008 —el llamado “acuerdo chino”— y solicitó correcciones antes de su eventual aprobación.

En un documento dirigido al Gobernador, el Fiscal advirtió que, de mantenerse las imprecisiones detectadas en el nuevo texto, podría haber consecuencias legales, económicas y administrativas graves. Entre ellas, mencionó la posible frustración del contrato, perjuicios fiscales por montos no debidamente justificados y la responsabilidad patrimonial de la Provincia frente a terceros.

Uno de los puntos más sensibles señalados es la ausencia de plazos concretos para la ejecución de obras clave como la planta de urea y la central termoeléctrica, proyectos que fueron incorporados al acuerdo y que modifican el contrato original. A su vez, se observa una relajación de exigencias en materia de contratación de trabajadores nacionales, lo cual también fue cuestionado por el organismo de control.

El Fiscal también alertó sobre la falta de precisión en torno al nuevo punto de entrega del gas —ahora en el Parque Industrial Las Violetas—, lo que implicaría la necesidad de construir un gasoducto de más de 60 kilómetros. “Debe definirse quién lo hará, cómo se financiará y qué sucederá si no se obtienen las autorizaciones nacionales necesarias”, remarcó.

Otra observación relevante se refiere al mecanismo de compensación por los 30 millones de dólares ya abonados por TEQSA en concepto de compra anticipada de gas. El funcionario subrayó que no existe un estudio técnico que justifique las deducciones fiscales que aplicará la Provincia hasta 2030. También cuestionó que no se haya fijado un precio de referencia para el gas que deberá adquirir la empresa mientras la Provincia no recupere la disponibilidad total de sus regalías, actualmente comprometidas como garantía del Bono TFU 2027.

A esto se suma la crítica sobre cláusulas incorporadas que no formaban parte del contrato original y que —según la Fiscalía— deberían ser tratadas por los canales administrativos correspondientes. Incluso se mencionan decretos derogados que, sorpresivamente, fueron reintroducidos en el nuevo texto sin explicación suficiente.

A modo de cierre, el Fiscal de Estado fue contundente: “La ambigüedad en un contrato de esta magnitud genera conflictos legales evitables, y sus consecuencias pueden ser muy costosas para el erario provincial. Por eso, solicito al Gobernador que disponga la inmediata corrección de las falencias detectadas, antes de que el acuerdo sea ratificado por la Legislatura. Las decisiones adoptadas hoy pueden condicionar el desarrollo provincial durante más de 25 años”.