La textil Sueño Fueguino oficializó un recorte de personal en medio de un escenario que su representación legal calificó como “asfixiante”. Según informó el abogado de la empresa, Raúl Paderne, este martes se notificará por telegrama el cese de unos 30 trabajadores temporarios y de entre cuatro y cinco operarios efectivos, luego de casi un mes sin poder concretar exportaciones.

Paderne atribuyó el freno a “acciones de hecho” que, asegura, estarían impulsadas por el subsecretario de Gestión Productiva de la Nación, Javier Cardini. El letrado sostuvo que, pese a que la firma opera bajo una medida cautelar otorgada por la jueza Mariel Borruto revocada por la Cámara Federal pero aún discutida mediante recursos, se habría presionado a la Aduana y a autoridades provinciales para impedir las salidas al exterior. “No le importa que cierren las textiles”, cuestionó, en diálogo con AIRE LIBRE FM.

El representante legal detalló que, tras el revés en Cámara, presentaron un recurso extraordinario federal y un planteo “in extremis” de revisión. A su entender, mientras esos remedios procesales están en trámite y la resolución no está firme, la cautelar “sigue viva”. En ese marco, denunció una “aplicación intempestiva e ilegal” de decisiones administrativas que, dijo, exceden incluso los tiempos judiciales.

El abogado trazó, además, un panorama sombrío para el resto del sector en Tierra del Fuego. Recordó el reciente cierre confirmado de Cordonsed y advirtió que otras plantas atraviesan dificultades similares, independientemente de si adhirieron o no a normativas previas del régimen. “Es un ataque frontal al subrégimen 19.640 y a décadas de trabajo”, afirmó.

Paderne remarcó que patrocina varios litigios contra modificaciones del régimen vía decretos del Poder Ejecutivo, por considerar caducadas las facultades delegadas desde 2010. Anticipó que esos expedientes escalarán hasta la Corte Suprema, aunque admitió el riesgo de que “los fallos lleguen cuando ya no haya fábricas en pie ni empleo que proteger”.

El letrado evitó encuadrar el conflicto en términos partidarios y señaló que las restricciones se originaron durante la gestión anterior y se mantienen con la actual. “Cambian los gobiernos, pero la arbitrariedad persiste”, planteó.

Sobre el impacto social, subrayó que cada número implica familias concretas. “Para algunos, 170 puestos son una estadística; para nosotros son 170 hogares que dependen de la planta”, dijo en referencia a la dotación de Sueño Fueguino. Y concluyó: “El recorte en textiles es notorio y extremadamente preocupante”.

Mientras tanto, el futuro inmediato de la compañía queda atado a la resolución de la puja judicial y a un eventual desbloqueo de exportaciones. Hasta entonces, la empresa inició un ajuste que golpea de lleno al empleo industrial en la isla.