El Comité creado por la Ley Provincial N.º 1146 volvió a reunirse para evaluar la problemática de los perros sueltos y, en particular, de las jaurías que se han asilvestrado en áreas rurales. Participaron representantes de la Sociedad Rural, el Colegio de Veterinarios, INTA, CADIC y los tres municipios fueguinos. El eje del debate: la falta de definiciones del Ejecutivo provincial y la necesidad de fijar responsabilidades claras entre niveles del Estado.

Desde Río Grande, el subsecretario Daniel Calisaya informó que el Municipio sostiene un esquema intensivo de control poblacional: cerca de 900 turnos de castración por mes, más de 15 jornadas masivas en lo que va del año y campañas de vacunación antirrábica, chipeo y adopción responsable. “Hay un esfuerzo real en territorio; pero si el campo no se atiende, no se puede cargar toda la respuesta sobre las ciudades”, remarcó.

El funcionario precisó que se reforzaron los operativos en sectores como Margen Sur y las chacras, puntos de transición donde el perro urbano suele pasar al ámbito rural. Allí, advirtió, la reproducción sin control alimenta el surgimiento de jaurías que afectan la fauna, la producción ovina y la seguridad de vecinos y turistas. “No hablamos solo de daño económico: es una cuestión de seguridad pública”, subrayó.

Calisaya cuestionó la ausencia de un programa provincial específico para el entorno rural y la inejecución del fondo especial previsto por la Ley 1146. “La norma existe, pero el financiamiento nunca se aplicó como corresponde. Para este año se destinaron apenas $1.200.000 a toda la provincia, un monto irrisorio”, señaló. La falta de recursos y coordinación, añadió, deriva en respuestas aisladas y, en ocasiones, extremas. “Cuando el Estado no fija políticas, cada uno resuelve por su cuenta; eso abre la puerta a prácticas crueles o ilegales”, dijo, en alusión a casos recientes de envenenamiento de perros en el sur de Río Grande.

El subsecretario planteó además un enfoque integral que incluya cambios culturales: “No podemos naturalizar los perros sueltos ni el abandono. Si no modificamos conductas, solo estaremos atendiendo consecuencias”. Diferenció entre animales urbanos —generalmente con dueño identificable— y perros asilvestrados, que ya no responden a la domesticación y deben ser abordados con herramientas específicas.

Por último, pidió una coordinación “real y sostenida” entre organismos y un liderazgo activo del Gobierno provincial: “El campo está pidiendo ayuda y la responsabilidad primaria es de la Provincia”. Destacó que Tierra del Fuego mantiene el estatus de provincia libre de rabia gracias al trabajo municipal, pero advirtió: “Sostenerlo requiere estadísticas, planificación y compromiso. Las buenas intenciones no alcanzan; hacen falta decisiones concretas”.