El profesor en investigación criminal y especialista en ciberseguridad, Aníbal Lazzaroni, analizó los recientes episodios vinculados a amenazas dentro del ámbito escolar, y fue contundente: advirtió sobre la necesidad de una intervención judicial inmediata y criticó la falta de políticas públicas para abordar este tipo de situaciones.

Ante los hechos que involucran a alumnos del colegio CPET y otras instituciones educativas, Lazzaroni sostuvo que hay que separar los planos. Por un lado, el accionar de los adolescentes, que debe ser abordado desde el ámbito judicial, y por otro, el rol de la escuela, que no puede asumir sola la complejidad de estos casos.

“Podemos pensar que hay una broma, una picardía o una intención real manifiesta. Pero no le podemos pedir la intervención a la escuela en este momento. Con la denuncia judicial se debe actuar desde el Estado, desde el Poder Judicial y desde los órganos oficiales que tenemos de protección a menores para intervenir en esta situación”, planteó.

El especialista remarcó que los términos utilizados por los estudiantes son “extremadamente graves” y no deben minimizarse. “Más allá de que ahora se diga que fue una broma o una mala intención entre chicos, no puede resolverse simplemente con una charla entre el equipo y los chicos”.

Además, cuestionó que muchas veces los padres reclamen en la escuela cuando, en realidad, “el reclamo debe hacerse en otros organismos del Estado, porque es mucho más serio de lo que estamos hablando”.

En ese sentido, subrayó la necesidad de un abordaje integral: “Tiene que haber un organismo del Estado que intervenga. No le podemos cargar todo a la escuela. Ya exceden algunas situaciones a lo que puede intervenir una institución educativa. No tenemos política pública que intervenga en estas situaciones”.

Para Lazzaroni, no se trata solo de concientizar, sino también de aplicar sanciones cuando la gravedad lo amerita: “No podemos pensar que únicamente la cuestión reflexiva es la que va a modificar las conductas de los adolescentes. Hay cuestiones que sí pueden ser reflexivas, pero hay otras que son punitivas. Porque la gravedad lo amerita”.

Consultado sobre cómo diferenciar una broma de un hecho potencialmente grave, indicó que el Poder Judicial tiene las herramientas necesarias para intervenir: “El juzgado tiene especialistas que pueden hacer el seguimiento con los chicos para dilucidar hasta dónde podían llegar con su accionar. Hoy decimos que fue una broma, pero si mañana sucede algo similar y hay heridos o fallecimientos, ¿qué vamos a decir?”.

En relación al rol de la justicia, agregó: “El foco hoy debe estar puesto en qué va a hacer la justicia con esa denuncia. A ver qué seguimiento se le da, cómo van a intervenir los operadores de corresponsabilidad de la provincia, cómo se va a trabajar con la familia y qué sanciones va a haber”.

También recordó antecedentes en la ciudad de Río Grande donde, según dijo, “hubo acciones graves que no fueron sancionadas”, como un caso de viralización de videos de dos menores con discapacidad, donde se evitó aplicar medidas disciplinarias.

Finalmente, advirtió sobre el riesgo de que la falta de sanciones lleve a una sociedad sin normas claras: “Todas las normas tienen un límite, y si yo paso ese límite tengo una sanción. Si no, estaríamos en una sociedad anárquica. No podemos seguir corriéndole la vara a los adolescentes”.