El subsecretario de Ambiente de Río Grande, Rodolfo Sopena, se refirió al estado actual del cableado aéreo en la ciudad y la falta de cumplimiento por parte de las empresas prestatarias de servicios. La discusión resurge a partir de una ordenanza sancionada en 2014, que establecía un plazo de 15 años para avanzar con el soterramiento del tendido de cables.

“Tiempo atrás se había sancionado una ordenanza donde se les daba a las empresas que realizaban tendidos de cables un plan de 15 años para soterrar todos estos servicios. ¿Cuándo fue eso? En el 2014. En ese momento también se dispuso que tenían 90 días para reglamentar la ordenanza, no se realizó esa reglamentación”, recordó Sopena en diálogo con la prensa.

Actualmente, restan solo cuatro años para el vencimiento de ese plazo, y desde el Municipio se busca retomar el tema mediante un relevamiento del estado del cableado. “Lo que nos trae a comisión es realizar un relevamiento para ver la situación de este cableado en la ciudad, entendiendo que puede haber una peligrosidad a la hora de caminar si hay cables sueltos”, explicó el funcionario.

En este sentido, aclaró que si bien el soterramiento total aún no está en agenda inmediata, el enfoque actual es la prevención y el mantenimiento: “Hoy como proyecto de esto es un mantenimiento preventivo de lo ya instalado, sobre todo por el riesgo ante algunas circunstancias que han surgido de cables sueltos. En épocas de mucho viento, la ciudad sufre rotura de cables, cortes, y esos cables pueden golpear a un peatón, a un vehículo o dañar el frente de una vivienda”.

Las empresas responsables de los tendidos aéreos son, principalmente, la Cooperativa Eléctrica y prestadoras de telefonía, videocable y fibra óptica. Sopena advirtió que muchas veces los cables cortados “quedan abrazados a los postes”, generando un riesgo para los vecinos. “Alguien se tiene que hacer cargo. La empresa, con la multa, con la intimación y con el retiro de ese pasivo”, sostuvo.

Consultado sobre el accionar municipal frente a estas situaciones, explicó: “Primero se hace la intimación. Cuando se identifique el problema y si no se hace cargo, viene la multa. En su momento se ha intimado y han dado intervención. Los que no han dado intervención han sido multados. Pero tampoco la multa es la solución”.

El funcionario fue contundente al señalar la falta de compromiso empresarial: “No se ve una predisposición para el ordenamiento de esto en las empresas”.

Por último, y en relación a lo que ocurrirá si no hay avances concretos antes del vencimiento del plazo establecido por la ordenanza, Sopena aseguró: “Se buscará el instrumento. Este es un instrumento legislativo. Habrá un instrumento legal que intima a las empresas a hacerlo”.