La historia del frustrado Puerto Caleta La Misión es un recorrido de decisiones políticas, contratos millonarios, aumentos de costos y proyectos inconclusos que atraviesan más de dos décadas en Tierra del Fuego. Todo comenzó con el gobierno de José Arturo Estabillo, quien firmó un contrato con la UTE Ormas–Concic para la ejecución de la obra, luego de adjudicarla por un monto inicial de 37,2 millones de pesos, gracias a una oferta significativamente inferior a las de sus competidores.

Sin embargo, ese ahorro se desvaneció rápidamente. Para octubre de 1998, el costo ya se había incrementado a casi 49 millones, acompañado de un anticipo del 10% a la empresa adjudicataria. Menos de un año después, el precio de la obra volvió a subir, esta vez a 62 millones de pesos. La falta de recursos obligó a paralizar los trabajos antes del cierre del mandato de Estabillo, quien reconoció una deuda equivalente en concepto de gastos improductivos.

Con la llegada de Carlos Manfredotti a la gobernación, se relanzó el proyecto bajo el nombre de “Nuevo Puerto” y se lo presentó como una inversión de 300 millones de pesos, aunque todavía sin proyecto ejecutivo terminado. En paralelo, la Legislatura aprobó la Ley 397, fijando un límite de 63 millones para su construcción. Sin embargo, ese techo no se respetó: el nuevo presupuesto ascendió a 66 millones, a los que se sumaron 43 millones de dólares adicionales, ajustables a través de resoluciones provinciales o nacionales. La aprobación legislativa se dio antes de conocer el contenido final del contrato.

En febrero de 2001, un nuevo convenio con la UTE llevó el monto total de la obra a 88.145.550 pesos, consolidando una espiral de sobrecostos sin avances sustanciales en la infraestructura portuaria.

Recién en octubre de 2010, bajo la gestión de la gobernadora Fabiana Ríos, se firmó una carta de intención para reactivar la obra. El acuerdo se suscribió con la empresa Piedrabuena S.A., el consorcio francés IFEFI y la UTE Ormas – Andrade Gutiérrez. Un año más tarde, estas empresas obtuvieron no sólo la ejecución sino también la concesión de la explotación del puerto por 40 años, dejándose sin efecto la millonaria demanda previa por gastos improductivos.

El proyecto, ahora financiado por el Fideicomiso Austral, alcanzó un nuevo récord en su costo final: 183 millones de dólares, cifra que fue observada por el Tribunal de Cuentas y rechazada por la Legislatura, sumando un nuevo capítulo a una obra que continúa sin concretarse y que se ha transformado en símbolo de la falta de planificación y control en la gestión de infraestructura estratégica.