El secretario de Legal y Técnica del Municipio, Dr. Alexis Solís, describió el escenario de Tolhuin como “un choque político feroz, atravesado por intereses partidarios y un manejo irresponsable de fondos públicos”, en diálogo con FM La Isla. A su criterio, la discusión excede lo administrativo o presupuestario y ya afecta el funcionamiento cotidiano de la ciudad.

Según el funcionario, el Concejo Deliberante consumió en ocho meses más de $1.820 millones destinados a su funcionamiento y, aun así, reclamó $650 millones adicionales mediante cartas documento. “Estamos hablando de que cada concejal termina costándole a los vecinos más de $500 millones al año. Lo más grave es que no hay detalle de personal, contratos ni gastos: solo exigen dinero como si fuera un trámite automático”, cuestionó.

Solís comparó esos montos con necesidades urgentes: con ese presupuesto —sostuvo— podrían asfaltarse 600 metros de calles o adquirirse motores para reforzar la generación de energía. “Las prioridades comunitarias quedan relegadas frente a un gasto legislativo que nadie explica”, señaló.

El funcionario también rechazó el relato de los concejales sobre la aprobación del presupuesto municipal. “Es falso que se haya aprobado sin discusión. Vetamos parte de la ordenanza, pero ellos insisten, aprueban sin sustento y luego nos exigen cumplir lo que saben que es inviable. Es un modus operandi irresponsable”, afirmó. Y recordó que existe una “desconexión total” con la Ley de Responsabilidad Fiscal, que —dijo— tres de los ediles votaron en 2018 y hoy no respetan.

Para Solís, el trasfondo es claramente partidario. Aseguró que cuatro de los cinco concejales responden al presidente del PJ, Walter Vuoto, lo que —en la práctica— busca bloquear la gestión del intendente Daniel Harrington por no subordinarse a esa conducción. “Esto es clientelismo. No ponen trabas por errores de gestión, sino porque no seguimos la línea del partido. Prefieren asfixiar al Municipio antes que reconocer que se están dando respuestas”, lanzó.

La disputa ya tiene costos concretos: el Municipio —advirtió— debió suspender o postergar programas y ordenanzas para atender las exigencias presupuestarias del Concejo. Incluso quedó en riesgo la Fiesta de los Antiguos Pobladores. “Nos empujan a desfinanciar áreas esenciales para sostener dietas y pedidos del Concejo. Es inadmisible que cuatro o cinco se lleven por delante a toda una comunidad”, expresó.

Ante este panorama, el Ejecutivo presentó una acción de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia, cuestionando la legalidad de las ordenanzas y los requerimientos de fondos. Para Solís, hay violaciones a la Constitución provincial, a la Ley 6 y a principios básicos del derecho presupuestario. “Cuando la política se judicializa, el vínculo entre instituciones queda herido de muerte”, reconoció, marcando un punto de no retorno.

En síntesis, el caso Tolhuin expone una radiografía de la puja entre intereses partidarios y necesidades públicas: mientras los vecinos esperan asfalto, energía y servicios básicos, el Concejo —denuncian desde el Ejecutivo— multiplica su presupuesto sin rendir cuentas y agrava una crisis que ya se siente en la calle.