La discusión sobre qué modelo productivo necesita Tierra del Fuego volvió a encenderse. En ese contexto, desde la Fundación Por el Mar, Ángeles de la Peña reafirmó su postura y aseguró que “la salmonicultura en el mar no es el camino”. Según explicó, avanzar con esta actividad sería “abrir la puerta a un modelo extractivo que ya demostró su impacto negativo en otros lugares del mundo”.

La referente ambiental repasó algunas de las luchas que marcaron los últimos años en la provincia, como la sanción de la Ley de Península Mitre, y destacó la importancia de defender un desarrollo con raíces locales, basado en el respeto por el entorno natural. “Tenemos el privilegio de vivir en un territorio que todavía está en estado de conservación. Cuidarlo es una responsabilidad que no podemos delegar”, expresó.

Consultada sobre el trabajo que vienen haciendo desde Por el Mar, explicó que la organización surgió “hace unos años como una red de personas de diferentes espacios, con o sin formación técnica, unidas por la preocupación ante las amenazas al ambiente costero-marino”.

También señaló que “no queremos que Tierra del Fuego repita errores de otros lugares”, y advirtió que la salmonicultura en jaulas flotantes en el mar “no es solo una amenaza ecológica; también es una falsa promesa de desarrollo”. Afirmó que este tipo de producción implica impactos irreversibles sobre los ecosistemas marinos y sobre las economías locales que dependen de la pesca artesanal, el turismo y la biodiversidad. “Hablamos de escapes de salmones exóticos, uso intensivo de antibióticos, contaminación de los fondos marinos, y un modelo de negocio que se lleva mucho y deja poco”, detalló.

Ángeles valoró que en Tierra del Fuego existen iniciativas que demuestran que es posible pensar en un desarrollo desde otro lugar. “Hay pequeños productores, emprendimientos turísticos de bajo impacto, proyectos comunitarios que apuestan a la sostenibilidad. Eso también es economía, y es más justa y duradera”, afirmó.

Finalmente, destacó que la movilización social es un factor clave para frenar proyectos dañinos y defender el territorio. “El caso de Península Mitre fue un ejemplo de cómo una comunidad organizada puede lograr leyes que protejan lo que amamos. Tenemos que seguir por ese camino”, concluyó.