
Con el objetivo de fortalecer la infraestructura operativa de las fuerzas de seguridad de Tierra del Fuego, el Poder Ejecutivo busca acceder a un crédito prendario a través del Banco de la provincia. La operación financiera contempla la adquisición de 50 nuevos vehículos destinados tanto a la Policía provincial como al Servicio Penitenciario.
La iniciativa responde a la necesidad de mejorar la capacidad de respuesta en zonas consideradas críticas, mediante la incorporación de 20 autos sedán, 27 camionetas 4x4 y 3 minibuses para 15 pasajeros, unidades que permitirán reforzar y modernizar el parque automotor actual.
Según se detalla en la solicitud presentada, el crédito sería de hasta UVA 2.000.000 (equivalente a aproximadamente $2.500 millones), a devolver en un plazo de 36 meses. Durante los primeros 24 meses, la financiación se regirá por una tasa fija del 39,50% Tasa Nominal Anual, y el último año será a tasa variable, ajustada según BADLAR (34,8%) más un spread adicional.
El viceministro Jefe de Gabinete, Jorge Canals, sostuvo que “la incorporación de nuevas unidades al sistema integral de seguridad no solo permitirá ampliar el parque automotor sino que permitirá tanto a la Policía como al Servicio Penitenciario poder brindar una respuesta eficiente del servicio de seguridad de áreas estratégicas y operativas”.
Además, subrayó que parte de la flota actual ya se encuentra deteriorada por el uso continuo, lo que afecta su funcionamiento: se trata de unidades que, debido al “desgaste progresivo”, ya no cumplen con los estándares requeridos para tareas operativas.
Esta gestión se ampara en las facultades otorgadas por la Ley Provincial N.º 1573, que declaró la Emergencia del Sistema Integral de Seguridad Pública desde diciembre de 2024, por un período de dos años, prorrogable por uno más. Esta norma habilita al Ejecutivo a “contraer deuda pública por hasta $10.000.000.000, a los efectos de financiar infraestructura y adquisición de bienes de uso destinados al Sistema integral de Seguridad Pública de la Provincia para garantizar y lograr la protección integral de la vida y los bienes de las personas”.
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