La apertura definitiva de la ruta provincial número 7 permanece paralizada desde mayo debido a un conflicto legal en torno al pago de un canon mensual de cinco millones de pesos establecido en un acuerdo entre el gobernador Gustavo Melella y Martín Paz, propietario de la estancia Cabo Peña.

Según detalló Ileana Zarantonello, presidenta de la Dirección Provincial de Vialidad, todos los trabajos requeridos por el ente provincial quedaron finalizados el pasado 23 de mayo. Precisó que los operarios concluyeron satisfactoriamente con la colocación del alambrado correspondiente en el sector derecho lindante a la estancia, así como la instalación de tranqueras provisorias.

Sin embargo, la disputa se concentra ahora en el ámbito legal debido al canon acordado para el uso de la ruta, cuyo expediente está siendo analizado por la Dirección de Legal y Técnica de la provincia. El punto polémico radica en que, según el legislador Juan Carlos Pino, impulsor de la ley de expropiación vigente, un acuerdo contractual no puede prevalecer sobre dicha normativa.

Zarantonello destacó la urgencia con la que esperan la resolución de este conflicto, enfatizando que Vialidad Provincial cumplió su parte técnica del compromiso y que ahora la demora corresponde exclusivamente a los aspectos legales y contractuales pendientes entre Martín Paz y el área de Legal y Técnica.

Además, la funcionaria mencionó que la finalización formal de la ruta 7 es prioritaria, considerando que Vialidad Provincial tiene otras obras importantes en desarrollo, como la reparación del puente Irigoyen en la ruta 23 y diversos trabajos en la zona de Almanza, lo que resalta la importancia de resolver cuanto antes la apertura de esta vía de comunicación.