El Gobierno nacional implementó una nueva herramienta financiera que permitirá a empleadores y trabajadores optar, de forma voluntaria, por un sistema alternativo para afrontar futuras indemnizaciones laborales. Se trata de los “Productos de Inversión Colectiva de Cese Laboral”, un esquema previsto en la Ley Bases y ahora reglamentado por la Comisión Nacional de Valores (CNV) mediante la Resolución General 1071/2025, publicada en el Boletín Oficial.
El objetivo central es ofrecer una alternativa al régimen tradicional de indemnizaciones, vigente bajo la Ley de Contrato de Trabajo, sin reemplazarlo. Esta nueva opción permitirá acumular aportes mensuales en fondos financieros, que podrán ser utilizados al momento de una desvinculación laboral.
La iniciativa fue impulsada por el Ministerio de Desregulación, encabezado por Federico Sturzenegger, quien aseguró que el sistema está pensado como un “instrumento moderno y de ahorro” que podrá ser adoptado a través de convenios colectivos de trabajo. Según explicó el funcionario, la participación será opcional para ambas partes: “Lo importante es que no es obligatorio para nadie. Solo si empresas y trabajadores lo acuerdan, se podrá implementar”.
Cómo funcionarán los fondos para cubrir ceses laborales
El esquema contempla dos estructuras financieras para canalizar los aportes: los Fondos Comunes de Inversión Abiertos (FCI) y los Fideicomisos Financieros (FF). Ambos estarán dedicados exclusivamente a generar respaldo económico para cubrir los costos de una eventual desvinculación de un empleado, reemplazando el pago por antigüedad contemplado en el artículo 245 de la legislación laboral actual.Los FCI deberán cumplir con ciertas condiciones: los aportes generarán cuotapartes que, en caso de despido, pasarán a ser propiedad del trabajador y estarán disponibles para su uso. Estos fondos, además, no podrán destinar inversiones a empresas vinculadas al empleador, ni superar un 30% de concentración sectorial en su cartera.
En tanto, los FF ofrecerán mayor flexibilidad operativa. Si bien no necesitan autorización previa de la CNV para su constitución, sí deben reportar regularmente su estado a través de la Autopista de la Información Financiera. Podrán incorporar nuevos empleadores y tendrán un único instrumento: el certificado de participación.
Supervisión estatal y protección de los fondos
La CNV será la encargada de fiscalizar estos productos, garantizando que las políticas de inversión sean responsables, diversificadas y sin vínculos financieros con los empleadores que participan. Además, tanto los FCI como los FF llevarán el nombre “Cese Laboral” para asegurar su correcta identificación y estarán exentos de embargos o ejecuciones judiciales, lo que otorga protección legal a los recursos acumulados.En el caso de los Fideicomisos, se exige la presentación de reportes mensuales y la posibilidad de incluir comités asesores de inversión, aunque estos no podrán estar ligados a organizaciones sindicales.
Alcances y desafíos del nuevo modelo
Entre los principales beneficios del sistema se destacan la previsibilidad para las empresas, que podrán planificar sus egresos, y la capitalización de aportes, lo que ofrece al trabajador un respaldo económico acumulativo. Además, al ser una herramienta que se negocia sectorialmente, brinda flexibilidad para adaptarse a distintas realidades laborales.No obstante, hay desafíos importantes. Desde el Gobierno reconocen que la implementación podría tener una baja adhesión inicial, dado que implica modificar prácticas culturales muy arraigadas en el ámbito laboral. A eso se suma el riesgo financiero inherente a los instrumentos de inversión, que dependerán del comportamiento de los mercados.
Por otra parte, algunas voces sindicales han expresado cautela, temiendo que, a futuro, el sistema pueda usarse como excusa para debilitar el régimen vigente. Si bien hoy su implementación es voluntaria, el debate sobre la protección de derechos adquiridos y la estabilidad del nuevo mecanismo sigue abierto.
En definitiva, el nuevo régimen de inversión para ceses laborales se presenta como una opción novedosa que busca modernizar la relación entre empleadores y trabajadores, ofreciendo mayor previsibilidad financiera en un contexto económico cambiante.
? Ventajas y beneficios del nuevo esquema
- Voluntariedad: La adhesión es opcional tanto para empleadores como para trabajadores, y puede establecerse mediante convenios colectivos de trabajo.
- Previsibilidad para las empresas: Permite a los empleadores anticipar el costo de una desvinculación laboral mediante aportes mensuales o periódicos, evitando desembolsos imprevistos.
- Capitalización del fondo: Los aportes acumulados generan rendimientos financieros, lo que puede traducirse en un mayor respaldo económico para el trabajador al momento del despido.
- Protección jurídica del fondo: Los fondos acumulados en los FCI y FF estarán exentos de embargos o ejecuciones judiciales, tanto en relación al empleador como al empleado.
- Libre disponibilidad: Una vez que se produce la desvinculación, el trabajador adquiere la propiedad plena de las cuotapartes o certificados, que podrá disponer según sus necesidades.
- Diversificación y seguridad financiera: El sistema exige criterios de inversión prudentes, impide la colocación en activos del propio empleador y limita la concentración sectorial.
- Flexibilidad operativa: Los fideicomisos pueden incorporar nuevos empleadores y ajustar sus reglas a distintos escenarios de desvinculación laboral.
- Adaptabilidad sectorial: Cada actividad o gremio puede negociar su propia implementación y condiciones específicas según sus necesidades y características.
- Transparencia y control estatal: La Comisión Nacional de Valores supervisará las políticas de inversión y la administración de los fondos, para garantizar su adecuado funcionamiento.
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