El Ministerio de Economía evalúa dar marcha atrás con la ampliación del Régimen de Zona Fría que, desde 2021, subsidia hasta el 50% del consumo de gas natural en buena parte del país. La decisión, impulsada por el titular de la cartera, Luis Caputo, busca regresar al esquema original que beneficiaba exclusivamente a regiones con temperaturas extremas, como la Patagonia

Según trascendió a través del sitio especializado en energía Econojournal, abogados del Palacio de Hacienda ya están estudiando el impacto legal que implicaría avanzar con un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para modificar este régimen, una herramienta que permitiría sortear la compleja aprobación legislativa. La publicación del DNU se analizaría para después de las elecciones legislativas de octubre, con el objetivo de evitar un costo político inmediato.

El actual esquema surgió en 2002 con la ley 25.565 y fue diseñado para mitigar el impacto de las bajas temperaturas en los hogares patagónicos. Sin embargo, durante el gobierno de Alberto Fernández se sancionó la ley 27.637, que amplió de 850.000 a cerca de 4 millones los usuarios alcanzados por el beneficio, cubriendo incluso a familias de ingresos medios y altos en provincias con climas templados, como Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.

De acuerdo con estimaciones oficiales, este sistema representa para el Tesoro Nacional un gasto aproximado de 300 millones de dólares anuales. Además, el régimen se financia en parte con un recargo cercano al 7% en las facturas de gas de todos los usuarios, incluidos aquellos de menores recursos que terminan subsidiando a sectores con mayor poder adquisitivo.

Un informe de la consultora Economía y Energía reveló un efecto colateral de esta política: en las zonas incorporadas al régimen en 2021, el consumo promedio por hogar creció un 7% entre ese año y 2024, mientras que en las provincias que quedaron fuera del esquema la demanda cayó hasta un 9% en el mismo período.

Por otra parte, desde la Secretaría de Energía ya comenzaron a tomar medidas para reducir el universo de beneficiarios, excluyendo por ejemplo a quienes son titulares de más de un medidor.

Fuentes parlamentarias admiten en reserva que el régimen se “desvirtuó” tras su expansión en 2021, pero reconocen que resulta políticamente complejo para los gobernadores respaldar un proyecto de ley que eleve el costo del gas en sus provincias. Por eso, la vía del DNU asoma como la alternativa más viable para revertir una política que, a criterio del Gobierno, terminó distorsionando el principio redistributivo que debería tener un subsidio energético.