Una asociación civil presentó en la Legislatura de Tierra del Fuego un proyecto de ley que busca reforzar la protección de los usuarios de servicios públicos esenciales en toda la provincia. La iniciativa apunta especialmente a la regulación de los cobros, penalidades y compensaciones que aplican las empresas prestadoras, en un contexto donde las interrupciones frecuentes —especialmente en épocas de bajas temperaturas— afectan directamente la salud, la seguridad y la calidad de vida de la población.
El proyecto fue elaborado por la Asociación Norte Grande y establece un marco normativo específico para servicios como energía eléctrica, agua, gas y comunicaciones. Está diseñado para aplicarse en todo el territorio fueguino, incluyendo las ciudades de Ushuaia, Río Grande, Tolhuin y zonas rurales.
Compensaciones y responsabilidad empresarial
Uno de los ejes centrales del proyecto es la implementación de un régimen de compensaciones automáticas ante cortes o deficiencias en la prestación del servicio. Si se verifica una interrupción injustificada que supere los plazos establecidos por la autoridad regulatoria, las empresas deberán reintegrar el importe del servicio no prestado y además abonar al usuario una compensación del 25% del valor afectado, que deberá acreditarse automáticamente en la próxima factura. También se prevén bonificaciones adicionales para usuarios vulnerables y descuentos progresivos según la duración de los cortes.Además, el texto propone que, en casos de interrupciones no programadas superiores a 4 horas, se apliquen sanciones adicionales y se priorice la instalación de generadores de respaldo en barrios críticos.
Límites a cobros y penalidades
La iniciativa busca regular detalladamente los cobros que pueden aplicar las empresas a los usuarios. Toda penalidad, interés o recargo deberá estar expresamente previsto en el contrato de adhesión o en la normativa vigente. Y en ningún caso podrá aplicarse sin una intimación previa fehaciente, que deberá especificar el monto, la causa, el plazo de regularización (no menor a 10 días hábiles), las consecuencias del incumplimiento y los canales para realizar descargos.También se prohíbe la utilización de términos como "daño punitivo" por parte de las empresas, ya que esa es una figura reservada al Poder Judicial. Se considera como práctica abusiva cualquier intento de simular procesos judiciales o presionar con amenazas de corte sin cumplir con el proceso establecido.
Trato digno y derechos irrenunciables
El proyecto refuerza el principio de trato digno y equitativo a lo largo de toda la relación entre el usuario y la empresa prestadora, incluso durante los reclamos o instancias de cobro. Se establece que toda conducta vejatoria, intimidatoria o de maltrato será considerada una infracción grave.Además, la normativa propuesta tiene naturaleza de orden público, por lo que sus disposiciones no pueden ser renunciadas ni modificadas en perjuicio del consumidor, incluso si existe un acuerdo privado.
Registro de usuarios prioritarios e inversión en infraestructura
Se prevé la creación de un Registro Provincial de Usuarios Vulnerables o Prioritarios, quienes deberán recibir atención preferencial y mecanismos expeditos de compensación en casos de interrupción del servicio.Por otro lado, el texto obliga a la autoridad provincial a establecer un plan de inversión y modernización de infraestructura en los servicios públicos esenciales, especialmente en el sector energético. Si persisten los cortes debido a la falta de inversión o mantenimiento, se aplicarán sanciones agravadas a las empresas responsables.
Control ciudadano y sanciones
La ley también propone crear una mesa de participación ciudadana que permita auditar la implementación del régimen y canalizar denuncias colectivas. Las empresas que incumplan la ley podrán recibir sanciones previstas en la Ley Nacional de Defensa del Consumidor y en la Ley de Abastecimiento, incluyendo multas económicas, acciones civiles por daños y responsabilidades individuales para directivos.En caso de aprobarse, el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la norma dentro de los 60 días, garantizando mecanismos de control y aplicación efectivos.
Con este proyecto, la asociación impulsora busca dar respuesta a reclamos históricos de los usuarios en la provincia y garantizar un acceso justo, continuo y digno a servicios fundamentales para la vida cotidiana.
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