La caja previsional que ampara al personal policial y penitenciario de Tierra del Fuego atraviesa un momento crítico. Así se puso de manifiesto en un encuentro desarrollado en Río Grande, donde el Comisario General Héctor Bordón, al frente de la institución, expuso con crudeza el estado de las cuentas.

Actualmente, la entidad enfrenta un déficit mensual cercano a los 602 millones de pesos. Según explicó Bordón, mientras la caja debe afrontar pagos por alrededor de 2.000 millones de pesos, solo logra recaudar unos 600 millones. El resto depende de aportes adicionales del Gobierno provincial, que aún así no logran cubrir el rojo acumulado. “No tenemos el dinero físico para cumplir en tiempo y forma con las obligaciones”, reconoció el titular del organismo, aunque aclaró que el Estado continúa realizando sus contribuciones de manera regular.

Más allá del panorama preocupante, Bordón descartó una posible quiebra de la caja. Sin embargo, admitió que la falta de liquidez es severa y que se requieren medidas urgentes para garantizar el futuro del sistema y el cobro de los haberes de los beneficiarios.

Otro dato que encendió las alarmas fue el volumen de juicios pendientes: más de 70 litigios, entre los que se destaca una demanda por 13 millones de dólares vinculada a terrenos en la zona de Altos de la Estancia. “Si ese fallo resulta adverso, sería devastador para nuestras finanzas”, alertó Bordón.

Durante la reunión también se hizo referencia a operaciones financieras y apuestas que terminaron perjudicando a la caja, como la recordada inversión en Hard Rock y el caso de la estafa denominada “Michi”. Estos antecedentes, sumados a un desequilibrio estructural con más jubilados que aportantes activos, impulsaron la necesidad de una reforma integral. Entre las soluciones analizadas figuran la modificación de la Ley 834, estrategias para potenciar ingresos mediante la ejecución de inmuebles, y la búsqueda de auxilio financiero por parte de la provincia.

El encuentro contó con la presencia de autoridades y beneficiarios, quienes reclamaron mayor claridad en los números y en las decisiones que se están tomando. Varios asistentes coincidieron en que la falta de información alimenta el temor y la desconfianza. “Necesitamos que nos digan la verdad y qué van a hacer para sacar adelante la caja”, fue uno de los planteos más repetidos.

Una fuente que participó del cónclave fue contundente: “Hace años que se sabe que esto venía mal. Cada mes el déficit crece. Es una caja con unos 15 años de existencia, con gestiones que no siempre actuaron con prolijidad: no sabemos si hubo robos, negociados o simplemente malas decisiones, pero el resultado es este agujero financiero”.

Frente a este escenario, Bordón aseguró que se trabaja para ordenar la institución sin recurrir a medidas drásticas como la fusión con otras cajas, sosteniendo el pago de haberes a través del sistema de goteo mientras se buscan salidas de fondo. “Nuestro compromiso es avanzar en soluciones reales y mantener informados a los beneficiarios. Necesitamos un esfuerzo conjunto para superar esta crisis y garantizar la sustentabilidad en el tiempo”, concluyó.