El Senado de la Nación vivió una jornada cargada de tensión política luego de que la oposición consiguiera el quórum necesario para avanzar con proyectos que el oficialismo considera un duro golpe. Con 42 senadores presentes —cinco más de los requeridos por el reglamento—, se abrió una sesión que terminó sancionando la actualización de los haberes jubilatorios junto a un bono extra, además de la extensión de la moratoria previsional, transformada en ley minutos después.

El episodio dejó expuesta una grieta en las alianzas que La Libertad Avanza venía sosteniendo. Tres legisladores correntinos sorprendieron al presentarse en el recinto: los radicales Eduardo Vischi y Mercedes Valenzuela, junto a Carlos “Camau” Espínola. Hasta ahora, los tres se habían mostrado alineados con el Gobierno en votaciones clave, pero habrían decidido dar un giro tras la jugada de Karina Milei —titular del partido oficialista— de impulsar listas propias en Corrientes, marginando tanto al gobernador Gustavo Valdés como a Espínola, que pretendía ser candidato libertario a gobernador.

En paralelo, la vicepresidenta Victoria Villarruel acudió al Senado para presidir la sesión, mientras desde el Ejecutivo se calificaba el debate como un “golpe institucional”, con la ministra Patricia Bullrich al frente de las críticas. Sin embargo, los impulsores de la reunión se ampararon en que era una sesión ordinaria ya programada desde febrero, por lo que no dudaron en seguir adelante. Fue la vicepresidenta de la Cámara, Silvia Sapag, quien abrió formalmente el encuentro, para luego cederle el lugar a Villarruel.

La tensión se hizo patente en las primeras intervenciones. El senador Ezequiel Atauche, del bloque oficialista, sostuvo con firmeza: “Para el Gobierno, esta sesión no tiene validez”. El debate inicial giró alrededor del orden del temario, con varios senadores provinciales presionando para que se prioricen iniciativas que les garanticen más fondos, como el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la redistribución de los fideicomisos financiados por el Impuesto a los Combustibles, buscando que esas partidas lleguen directamente a las provincias.

En medio de estas pulseadas, la aprobación de los proyectos previsionales cristalizó un nuevo enfrentamiento entre el Congreso y la Casa Rosada, y dejó latente la amenaza de impugnación por parte del oficialismo. Así, el Senado terminó por escribir un capítulo más en la ya tirante relación con el presidente Javier Milei y su equipo.