Se trata del Programa Acercar Derechos y del Registro Nacional de Organizaciones Sociales que Abordan Temáticas de Género y Diversidad, ambos surgidos durante la gestión del anterior Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad, organismo que ya había sido desmantelado a comienzos de la presidencia de Javier Milei.

Con esta decisión, la administración libertaria profundiza el recorte sobre políticas públicas destinadas a prevenir, atender y erradicar la violencia de género, así como a fortalecer el trabajo conjunto con agrupaciones que acompañan a víctimas en todo el país. Según explicó el propio Ministerio de Justicia, el Programa Acercar Derechos presentaba “graves falencias” en sus circuitos operativos, en el sistema de registro, en la supervisión y en la documentación de las intervenciones. Como respuesta, el gobierno optó directamente por darlo de baja, sin proponer una alternativa.

Por otro lado, el Registro Nacional de Organizaciones había sido creado para consolidar la red de entidades que trabajan en temas de género y diversidad, sistematizar datos y facilitar herramientas estatales para potenciar su labor. Su eliminación deja a cientos de organizaciones sin un espacio articulador con el Estado, debilitando el seguimiento y acompañamiento en casos de violencia.

La resolución instruyó también a dependencias internas —como la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Unidad de Auditoría Interna y la Subsecretaría de Gestión Administrativa— a garantizar la ejecución efectiva de esta derogación, en línea con la reestructuración ministerial impulsada por el oficialismo.

Desde diferentes sectores sociales y políticos advirtieron que estas medidas representan un nuevo retroceso en materia de derechos, afectando especialmente a personas que ya se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Organizaciones feministas y de derechos humanos alertaron que el vaciamiento de políticas públicas en este campo profundiza los riesgos para las víctimas de violencia de género y deja sin respaldo estatal el trabajo territorial que realizaban cientos de agrupaciones en todo el país.

Resolución 466/2025: