Presentaron una nota al gobernador y realizaron un corte en Maipú

Tras la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) el pasado 8 de julio, empleados de la Dirección Provincial de Puertos (DPP) manifestaron su preocupación por uno de los artículos que habilita al Gobierno a utilizar recursos del superávit del ente portuario para financiar la obra social.

El rechazo se expresó con una protesta en el ingreso a la zona portuaria, sobre la avenida Maipú, que se realizó al día siguiente de la sanción de la norma y volvió a repetirse este miércoles. Además, los trabajadores presentaron una nota formal al gobernador Gustavo Melella solicitando una audiencia “para tratar la Ley de Fortalecimiento para la OSEF”.

En el documento, que cuenta con más de 50 firmas, aclararon que no se oponen al fortalecimiento del organismo sanitario, aunque advirtieron que la decisión representa una medida “insuficiente” que pone en riesgo la operatividad actual y futura de la DPP. También señalaron que implica una “desinversión” directa, trasladando la crisis de un sector a otro.

“La ley aprobada avasalla la autarquía que en concepto es económica y se define como la facultad de autosuficiencia económica y financiera”, afirma la nota dirigida al mandatario. El escrito recuerda, además, que la DPP fue creada bajo normas que garantizan su autonomía administrativa, como la Ley Nacional 24.093, el Decreto 817/92 y la Ley Provincial 691.

Los trabajadores remarcaron que este esquema “atenta contra la funcionalidad de la institución”, ya que los fondos del ente deben destinarse exclusivamente a su actividad portuaria. En ese sentido, manifestaron su intención de participar en una solución consensuada para “aclarar, ilustrar y consensuar ayudas ante la crisis que hoy está inmersa la provincia”, evitando convertirse “en un problema más a futuro en la administración provincial”.

Por el momento, no hubo respuesta oficial a la solicitud. Cabe recordar que el artículo cuestionado fue aprobado junto con otras disposiciones, entre ellas la creación de unidades de gestión, la fijación de un tope del 20% para cargos políticos y la obligación de publicar auditorías periódicas.