Pese a los anuncios de la seccional ATE Tolhuin sobre supuestos avances en las negociaciones por el pase a planta permanente de trabajadores municipales, la situación expone una preocupante combinación de desorganización, improvisación y ausencia total de transparencia.

El secretario general de ATE Tolhuin, Vicente Garrigham, confirmó que recién esta semana –a mitad de julio– comenzaron las conversaciones formales con el Ejecutivo local, liderado por el intendente Daniel Harrington, para tratar un reclamo que lleva años sin respuesta. Apenas diez vacantes generadas por jubilaciones serían utilizadas para incorporar personal contratado, aunque todavía no hay una definición oficial ni notificaciones concretas.

Mientras tanto, los contratos de los trabajadores fueron renovados en junio sin ningún tipo de certidumbre. “Algunos compañeros se enojaron con razón”, reconoció el dirigente sindical, dejando en evidencia el malestar generado por la falta de comunicación interna y la nula previsión en la toma de decisiones.

La fecha para efectivizar los nombramientos sigue siendo tentativa: 28 o 29 de julio. El nivel de informalidad y dilación contrasta con la cantidad de años que muchos trabajadores llevan esperando. Uno de los casos más extremos es el de una empleada que acumula más de seis años bajo contrato, sin ningún tipo de garantía ni estabilidad.

El manejo del tema deja expuesta la precariedad estructural de la administración pública en Tolhuin, donde aún se mantiene a 50 trabajadores en condición contractual. Aunque el número se redujo respecto a años anteriores, el problema de fondo persiste: contratos renovados año a año sin certezas, ni prioridades claras.

Desde ATE se limitan a repetir que el proceso está “muy avanzado”, refiriéndose a un convenio colectivo del que no se conocen detalles, plazos ni compromisos reales. Mientras tanto, los trabajadores continúan esperando definiciones concretas en medio de un contexto nacional de despidos, ajustes y pérdida de derechos laborales.

Lo que debería ser una política clara de regularización se convierte en un proceso opaco, manejado a puertas cerradas, sin información pública y con promesas que se acumulan sin cumplirse.