A través del dictamen 52/25, el Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, instó formalmente al Ministerio de Educación a actuar ante las "desobligaciones" gremiales impulsadas por el SUTEF, que estarían afectando el normal desarrollo del ciclo lectivo 2025. El fiscal solicitó que se apliquen las medidas legales correspondientes para garantizar el derecho a la educación de los estudiantes.

La intervención del organismo se originó por una presentación realizada por la madre de dos alumnas de la Escuela Provincial Nº 16 “Dr. Arturo Mateo Bas”. La denunciante expuso una serie de inconvenientes que van desde problemas edilicios hasta la falta de personal y la suspensión frecuente de clases por paros y jornadas gremiales, lo cual, según expresó, constituye una vulneración constante del derecho a la educación de sus hijas.

En su dictamen, Martínez de Sucre subrayó que las “desobligaciones” –instancias en las que el personal docente se retira o se ausenta como parte de una protesta sindical– impactan de forma directa en la continuidad pedagógica, generando trastornos en la jornada escolar. Además, criticó la respuesta emitida por el Ministerio de Educación, señalando que omite de manera llamativa referirse a las causas centrales de la denuncia: los paros y las interrupciones gremiales.

“La omisión de la cartera educativa en abordar este punto específico representa una falta importante, ya que el reclamo se basa justamente en la reiteración de estas medidas que afectan el acceso a clases”, destacó el fiscal. En ese sentido, recordó que el Ministerio cuenta con herramientas pedagógicas y administrativas para garantizar que las escuelas permanezcan abiertas, asegurar una dotación mínima de docentes y preservar el desarrollo de actividades esenciales.

El dictamen también abordó la situación de infraestructura denunciada por la madre de las alumnas. Según Martínez de Sucre, persisten falencias en la gestión de fondos, obras y contrataciones necesarias para resolver los problemas edilicios, a pesar de haber recibido facultades extraordinarias por parte del Poder Legislativo. “Estas omisiones son responsabilidad de los funcionarios del Ministerio”, advirtió el Fiscal.

Con esta resolución, la Fiscalía busca que se tomen decisiones concretas para garantizar el cumplimiento efectivo del derecho a la educación en la provincia, frente a lo que considera una afectación reiterada e injustificada por parte de quienes deben asegurar el servicio educativo.