La Corte Suprema de Justicia de la Nación enfrenta una de las definiciones más trascendentes para el fuero laboral en los últimos años. Más de 1.200 expedientes aguardan resolución en el máximo tribunal, todos vinculados a la validez de las tasas de interés fijadas por la Cámara Nacional del Trabajo, un tema que abrió un intenso debate jurídico y mantiene en vilo a trabajadores, empleadores y al sistema judicial.
Origen de la controversia
Los recursos fueron presentados entre agosto y diciembre de 2024, luego del fallo Lacuadra de la Corte —que había sentado un criterio sobre la cuestión— y antes del fallo Levinas de diciembre pasado, que modificó la instancia de revisión en estos juicios.Desde entonces, las decisiones sobre intereses comenzaron a ser revisadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ). Esto generó un escenario excepcional: los expedientes iniciados antes del 27 de diciembre de 2024 quedaron bajo la órbita de la Corte, mientras que los posteriores pasaron primero al TSJ porteño.
El riesgo de criterios contrapuestos
La coexistencia de expedientes en ambos tribunales abre la posibilidad de que haya posturas divergentes, lo que podría provocar contradicciones e inseguridad jurídica. Esta falta de uniformidad afecta especialmente a los trabajadores que esperan cobrar créditos laborales y que ya enfrentan demoras prolongadas.La Cámara Nacional del Trabajo, en varias sentencias, declaró la inconstitucionalidad de la prohibición de indexar deudas —prevista en las leyes 23.928 y 25.561—, contradiciendo precedentes de la propia Corte (Chiara Díaz, Massolo y Puente Olivera). Además, falló en sentido opuesto al criterio sentado en Lacuadra, generando aún mayor incertidumbre.
Tres caminos posibles para la Corte
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti deben resolver cómo encarar el tema. Entre las alternativas que se analizan figuran:
- Esperar una definición del TSJ de CABA, lo que significaría posponer el análisis de los 1.200 expedientes ya en trámite, con demoras que impactarían sobre todo en trabajadores que reclaman créditos laborales.
- Pronunciarse y fijar un criterio definitivo, lo que brindaría previsibilidad, aunque podría chocar con futuros fallos en sentido contrario del TSJ, generando mayor confusión.
- Desestimar los planteos y dejar en manos del TSJ la revisión inicial, algo complicado debido a la existencia de agravios federales, como la declaración de inconstitucionalidad de leyes nacionales.
Impacto esperado
La decisión de la Corte tendrá un alcance directo sobre trabajadores, empresas, sindicatos, aseguradoras y el propio Estado. También marcará la pauta para futuras liquidaciones en juicios laborales y ofrecerá un marco de previsibilidad para miles de casos en todo el país.Lo que resuelva el máximo tribunal, tarde o temprano, se convertirá en la última palabra para fijar los criterios de aplicación de intereses en este tipo de litigios, zanjando una discusión que lleva años y que hoy mantiene en suspenso a todo el sistema laboral argentino.
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