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Nacionales

Primer semestre de 2025: se disparan los crímenes de odio y la violencia golpea con más fuerza a mujeres trans

El Observatorio de Crímenes de Odio LGBT+ registró 102 hechos en los primeros seis meses de 2025. El dato encendió todas las alarmas: representa un 70% más que en el mismo período de 2024 (60 casos) y ya equivale al 72% del total anual de 2024 (140).

Según el informe, 17 personas murieron por motivos vinculados a su orientación sexual o identidad/expresión de género y 85 sufrieron lesiones a su integridad física. La curva ascendente se sostiene en la serie histórica: 129 casos en 2021, cifras similares en 2022, 133 en 2023 y 140 en 2024.

¿A quiénes afecta más?

El colectivo más atacado fueron las mujeres trans, que concentran el 70,6% de las víctimas (72 casos). Les siguen varones gay cis (16,7%), lesbianas (6,9%), varones trans (4,9%) y personas no binarias (1%).

Por edades, el golpe es mayor en jóvenes de 20 a 29 años (45,16%). Luego aparecen las franjas 40-49 (19,35%) y 30-39 (16,13%). También hubo registros en adolescentes (10-19) y en mayores (50-59), ambos con 6,45%.

Lesiones al derecho a la vida

Entre las 17 muertes del semestre:

  • 23,5% fueron asesinatos (incluidos casos con autoría estatal).

  • 58,8% corresponden a violencia estructural (muerte evitable por condiciones de precariedad y exclusión).

  • 17,6% fueron suicidios.

Desagregado por identidades: 9 afectaron a mujeres trans (52,9%), 6 a varones gay cis (35,3%), 1 a una lesbiana (5,9%) y 1 a un varón trans (5,9%).

¿Quiénes agreden y dónde?

En 64,7% de los casos el Estado aparece como responsable directo (fuerzas de seguridad u otras instituciones); 35,3% fueron cometidos por particulares. Dentro de estos, 41,6% de agresores eran desconocidos; 19,4% personas conocidas; 5,5% parejas; 5,5% clientes en contextos de trabajo sexual; 2,7% madre o padre. El Observatorio también registra agresiones autoinfligidas en contextos de alto sufrimiento subjetivo.

Los escenarios predominantes refuerzan la preocupación: 54,1% ocurrieron en comisarías o unidades penitenciarias, 17,6% en viviendas particulares, 16,4% en vía pública. También hubo episodios en establecimientos privados de acceso público (8,2%), públicos (2,3%) y privados (1,1%).

Mapa y subregistro

La concentración territorial se ubica en Provincia de Buenos Aires (60,8%) y CABA (23,5%). Luego aparecen Córdoba (3,9%), Chaco (2,9%), Salta y Tierra del Fuego (2,0% cada una). Con el 1,0% figuran Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Santiago del Estero. El Observatorio advierte sobre subregistro en distritos con menor densidad organizativa: la ausencia de datos no implica ausencia de violencia.

Marco legal vigente

Aun con el cierre del INADI y del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, rige la Ley Antidiscriminatoria 23.592 y la Ley 26.791, que agravó el artículo 80 del Código Penal por crímenes motivados en odio racial, religioso, de género, orientación sexual o identidad/expresión de género, con penas de prisión perpetua.

Definición, metodología y tendencia

Para el Observatorio, el crimen de odio implica agresiones motivadas por odio, prejuicio o discriminación hacia una persona miembro —real o percibida— de un colectivo históricamente vulnerado. El relevamiento abarca del 1 de enero al 30 de junio de 2025, con fuentes en medios, denuncias a la Defensoría LGBT+, redes, contactos territoriales de la Federación Argentina LGBT+ y aportes del CeDoSTALC (REDLACTRANS).

La modalidad más frecuente fue el uso de la fuerza física (57,8%: golpes). Se registraron además puñaladas (5,9%), empujones/forcejeos (4,0%), balazos (2,9%), estrangulamiento/asfixia (2,0%), privación ilegítima de la libertad (4,0%), fuego/calcinamiento (2,0%) y abuso sexual (1,0%). También se reportaron lesiones autoinfligidas (7,8%) como expresión extrema de violencia simbólica y psicológica.

El rol del discurso público

El informe alerta sobre la violencia política contra la diversidad sexual y el efecto de los discursos de odio: su repetición y legitimación desde espacios de poder crea condiciones para la violencia física, institucional y simbólica. Cuando el señalamiento proviene de autoridades, advierte, opera como disciplinamiento social y habilita agresiones.

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