
Para visibilizar la situación en el Día Mundial del Hábitat, un colectivo de organizaciones —Fundación Vivienda Digna, TECHO, Mujeres 2000, Módulo Sanitario y Hábitat para la Humanidad Argentina— lanzó “Conectando Hábitat”, una plataforma digital que relata, mediante personajes inspirados en testimonios reales y animados con inteligencia artificial, cómo los déficit de vivienda atraviesan la vida cotidiana de millones de personas.
El diagnóstico que acompaña la iniciativa es contundente. Más de 5 millones de argentinos residen en barrios populares (RENABAP), 6 millones de personas no cuentan con baño (Censo Nacional) y más de 1 millón vive en hacinamiento crítico (EPH–INDEC). No se trata solo de infraestructura: la crisis impacta de lleno en salud, educación, seguridad y posibilidades de desarrollo.
Las organizaciones advierten que la precariedad no se limita a techos endebles o conexiones inseguras; también supone una vulneración sostenida de derechos básicos: falta de agua potable, ausencia de saneamiento, electricidad sin condiciones de seguridad y ambientes sin ventilación ni espacio suficiente. El resultado es un círculo que reproduce enfermedad, exclusión y pérdida de oportunidades.
¿Qué significa, entonces, una vivienda adecuada? El documento propuesto por las entidades ordena cinco pilares:
- Seguridad en la tenencia. Vivir sin miedo a desalojos arbitrarios, con protección legal ya sea en propiedad, alquiler o arreglos comunitarios.
- Servicios esenciales disponibles. Acceso sostenible a agua segura, saneamiento, electricidad, manejo de residuos y otros servicios básicos.
- Habitabilidad real. Condiciones físicas que resguarden del clima, garanticen espacio suficiente y aseguren estándares sanitarios (baño, agua, saneamiento).
- Accesibilidad. Hogares diseñados o adaptados para todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad, adultos mayores y niños.
- Buena localización. Cercanía a empleo, salud, educación, transporte y espacios públicos, lejos de zonas contaminadas o de riesgo.
El llamado final es claro: sin inversión sostenida, coordinación interinstitucional y estándares mínimos garantizados, la emergencia se profundiza. Con reglas claras y programas integrales, en cambio, la vivienda puede volver a ser el punto de partida —y no el obstáculo— para una vida digna.
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