En Tierra del Fuego, un grupo de familias empezó a ocupar un rol inesperado: el de custodiar la continuidad de la escuela pública ante un Estado que —aseguran— llegó tarde o no llegó. Luis Santacruz, padre autoconvocado, planteó en Radio Universidad que el conflicto ya dejó de ser pedagógico para convertirse en un problema de decisiones políticas y prioridades. “Nuestros hijos están pagando el costo del abandono”, advirtió.

La molestia viene de lejos. Santacruz recordó que durante el último año se acumularon suspensiones de clases en establecimientos de Río Grande y Ushuaia por filtraciones, fallas de calefacción, problemas estructurales y ausencia de mantenimiento. “No hay planificación ni inversión sostenida; así se pierden días, semanas y hasta meses de aprendizaje”, lamentó. También cuestionó la modalidad de “desobligaciones”, a la que calificó como un paro encubierto del SUTEF.

El referente subrayó que la discusión ya no es técnica ni administrativa. “Es política. Hace falta decisión para ordenar el sistema y poner la educación por encima de las disputas”, señaló. En esa línea, reclamó que las autoridades den la cara: “Ni el Ministerio de Educación, ni legisladores, ni intendentes asumen la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación”.

En el plano institucional, Santacruz valoró la resolución del Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, en la causa iniciada por familias, porque —sostuvo— confirma la obligación del Estado de asegurar la continuidad del servicio educativo. “Ya no es un reclamo vecinal: es una cuestión de derechos”, enfatizó.

Los padres autoconvocados anticiparon que insistirán ante la Legislatura para que la Educación sea declarada “servicio esencial”, una categoría que impediría que conflictos gremiales o administrativos interrumpan las clases. “No se puede seguir tomando a los chicos como rehenes de peleas políticas”, remarcó.

Santacruz pidió, además, abrir un canal de diálogo serio entre el Gobierno y todos los actores del sistema, docentes incluidos. “Este conflicto no se resuelve con sanciones ni con propaganda. Se resuelve escuchando, invirtiendo y cumpliendo el mandato constitucional: educación pública gratuita, laica y de calidad”, afirmó.

El movimiento de familias lleva meses organizándose: reuniones, presentaciones, reclamos en los medios. “No somos militantes; somos ciudadanos preocupados. Queremos que dejen de usar la educación como eslogan y se trabaje en serio”, planteó Santacruz, quien también exigió transparencia, planificación y participación social. “No puede ser que en una provincia con tanto potencial haya aulas sin calefacción o baños en mal estado.”

En tiempos de promesas cruzadas y campañas permanentes, el mensaje de las familias fueguinas suena como recordatorio y advertencia: la educación no es un gasto ni una consigna; es el cimiento sobre el que se construye el futuro de la provincia.