En Argentina, la cuota alimentaria funciona como una herramienta central para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes, incluso cuando los padres están separados o no conviven. La obligación incluye no solo alimentos, sino también vivienda, salud, educación, vestimenta, transporte y actividades recreativas, y se calcula según las necesidades del menor y la capacidad económica de quien debe pagar.

En los últimos años, muchos juzgados comenzaron a tomar como referencia la Canasta de Crianza del INDEC, que estima el costo mensual de criar hijos según edad. Con los valores publicados para noviembre de 2025 —que se usan como base orientativa para fijaciones desde diciembre— el tramo más alto fue el de 6 a 12 años, con $571.106 por mes. Los otros valores fueron: menores de 1 año $450.355, de 1 a 3 años $535.823 y de 4 a 5 años $454.165. La canasta se arma sumando dos componentes: bienes y servicios esenciales (CBT ajustada por edad) y el tiempo de cuidado, valorizado según salarios del régimen de casas particulares.

En la práctica, la cuota suele fijarse como un porcentaje del ingreso neto del progenitor no conviviente —frecuentemente entre 20% y 30% por hijo, aunque no existe un tope legal— y puede acordarse una actualización automática por salarios u otros ingresos. La obligación rige hasta los 21 años, puede extenderse hasta los 25 si el hijo estudia y no tiene ingresos, y no tiene límite en casos de discapacidad.

Cuando no hay pago, la Justicia puede aplicar medidas como embargos, retención de haberes, prohibición de salida del país, suspensión de licencia de conducir e inscripción en registros de morosos, entre otras sanciones. Si el obligado no tiene trabajo registrado, los jueces pueden fijar un monto ligado al Salario Mínimo o admitir pagos en especie, siempre complementados con dinero.

Además, el Código Civil y Comercial prevé que, en situaciones excepcionales, la cuota pueda reclamarse también a los abuelos de manera subsidiaria: primero debe demostrarse que el padre o la madre incumple total o parcialmente. A diferencia de la obligación de los padres —que cubre el desarrollo integral—, la de los abuelos es más limitada y se evalúa según sus ingresos y su propia subsistencia.