Un nuevo acuerdo paritario para el sector de trabajadoras de casas particulares volvió a encender la discusión sobre salarios que no alcanzan y derechos que, denuncian, quedan en el papel. Tras la última reunión de la comisión paritaria, se definió un incremento del 3% para febrero y marzo, distribuido en dos tramos de 1,5% por mes, y un bono escalonado de $8.000, $11.500 o $20.000 según la carga horaria semanal.

Pero desde el sector advierten que el impacto real es casi imperceptible. En declaraciones a FM del Pueblo, Sánchez cuestionó el alcance del ajuste y dio un ejemplo concreto: en la categoría 4, el valor de la hora pasó de $4.543 a $4.611. “No es un aumento de 200 mil pesos; son monedas. No alcanza para nada”, sostuvo.

A esa crítica se sumó otra denuncia: todavía hay trabajadoras que no cobraron el bono anterior y el nuevo, aseguran, ni siquiera está garantizado. “Hay compañeras que hace seis meses que no les aumentan el sueldo”, afirmó, apuntando a un escenario de incumplimientos que se repite en distintos hogares.

Además de la cuestión salarial, apareció un foco sensible vinculado a la informalidad: recibos que no llegan en tiempo y forma y dudas sobre los aportes. Sánchez señaló que muchas no pueden confirmar si se están realizando correctamente los aportes previsionales y advirtió que la mora impacta en beneficios cotidianos, como el descuento de la SUBE, y también en el futuro jubilatorio.

En el día a día, el problema se agrava por una brecha de acceso digital. Según describieron, hay trabajadoras que no cuentan con herramientas ni recursos para chequear su situación ante organismos como ANSES. “Hay compañeras que no tienen ni para cargar el teléfono”, relató, y pidió mayor responsabilidad de empleadores y profesionales a la hora de regularizar el vínculo laboral.

El reclamo también tiene una cara más dura: la precarización y el temor a perder el trabajo. En los últimos días, denunciaron casos de despidos tras reclamar el bono o consultar por derechos básicos. “A muchas compañeras les dijeron: trabajás hasta el viernes y después no vengas más”, aseguró Sánchez.

En ese marco, la referente recordó que el sector se rige por un régimen especial y que los acuerdos deben ser homologados por el Gobierno nacional para tener validez. “Si no nos homologan, por más que se haya acordado algo, no es válido”, explicó, y remarcó que esa instancia deja al rubro en una situación de permanente incertidumbre.

Por último, Sánchez enmarcó el conflicto en la crisis económica general y sostuvo que el deterioro del poder adquisitivo se siente con fuerza en un trabajo que suele sostener hogares enteros. Habló de gastos de transporte, de estudios propios o de hijos, y de aumentos que “pueden ser la diferencia de un kilo de pan”. También valoró el acompañamiento del municipio en capacitaciones y asesoramiento, aunque cuestionó la falta de respuestas a nivel provincial y nacional. “No es un grupito de WhatsApp, somos trabajadoras”, cerró.