Una causa judicial que llevaba nueve años de trámite en los tribunales de Río Grande tuvo una resolución que generó polémica. La Justicia concedió el beneficio de suspensión del juicio a prueba, conocido como “probation”, a un hombre acusado de agredir con un botellazo a otro joven en un local nocturno, hecho que le provocó la pérdida de un ojo.

El episodio ocurrió el 16 de diciembre de 2017 en el boliche Ibiza Bowling Bar, donde Franco Sebastián Barrientosatacó a Jhonatan David Rivero durante una pelea. Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió lesiones gravísimas que derivaron en la pérdida total de la visión en uno de sus ojos, además de secuelas permanentes en el rostro.

La resolución judicial dispuso que el imputado acceda a la probation, lo que implica evitar el juicio oral a cambio de cumplir determinadas condiciones. Entre ellas, deberá abonar un canon de 100 mil pesos destinado a una entidad de acción social y cumplir normas de conducta durante dos años. La causa estaba caratulada como “lesiones graves” y se encontraba próxima a ser elevada a juicio.

La solicitud fue presentada por la defensa de Barrientos, que inicialmente ofreció esa suma como resarcimiento a la víctima, argumentando sus limitaciones económicas. El ofrecimiento fue rechazado, aunque posteriormente se mantuvo como donación a una organización social, lo que fue aceptado por la fiscalía.

El fiscal Martín Bramatti explicó que la legislación permite aplicar esta herramienta incluso cuando la víctima no acepta el acuerdo. En ese sentido sostuvo que «así lo prevé la ley», aunque aclaró que la parte damnificada aún tiene abierta la vía civil para reclamar una compensación económica.

Desde la querella manifestaron su desacuerdo con la resolución judicial, al señalar que la agresión dejó consecuencias irreversibles para Rivero. Además de perder la visión de un ojo y quedar con cicatrices permanentes, el joven también habría perdido su trabajo debido a la disminución visual y debió mudarse a otra ciudad, lo que modificó su proyecto de vida.

Con el paso del tiempo, la víctima falleció —aunque no como consecuencia directa de las secuelas del ataque— y actualmente su familia continúa con el reclamo por la vía civil.

En cuanto al acusado, si cumple con las condiciones impuestas por el tribunal y no comete nuevos delitos durante los próximos 24 meses, la acción penal quedará extinguida, evitando así que el hecho derive en una condena efectiva dentro de su prontuario.