La negativa de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) a avanzar con la renovación de un convenio prestacional reavivó la discusión sobre la delicada situación económica que atraviesa la institución. El debate no solo gira en torno al fuerte aumento de los costos médicos, sino también a la deuda millonaria que distintos organismos públicos mantienen con la obra social.

Desde el directorio, el vocal por el sector pasivo, Horacio Gallegos, sostuvo que el nuevo acuerdo planteado resulta imposible de sostener con los recursos actuales de OSEF. Según explicó, los valores propuestos representan un incremento muy por encima de la capacidad financiera de la institución, por lo que consideró inviable firmar un compromiso que luego no pueda cumplirse.

Gallegos detalló que el convenio que regía anteriormente implicaba una erogación promedio de unos 20 millones de pesos por mes durante 2025, lo que representaba cerca de 240 millones anuales. En cambio, la propuesta actual elevaría ese gasto a alrededor de 83 millones mensuales, acercándose a los mil millones por año. A su entender, ese salto comprometería seriamente otras coberturas esenciales.

En ese sentido, advirtió que aceptar esa actualización podría generar consecuencias directas sobre la atención de los afiliados, especialmente en la provisión de medicamentos y tratamientos. Remarcó que, con el nivel de ingresos que hoy tiene la obra social, asumir ese gasto implicaría desfinanciar otras áreas sensibles del sistema.

El referente también apuntó al peso que tienen las deudas acumuladas por parte de organismos estatales. Según afirmó, entre distintas instituciones públicas se adeudan unos 22.000 millones de pesos, una cifra que condiciona de manera decisiva el funcionamiento cotidiano de OSEF. En ese grupo mencionó al Gobierno provincial, municipios y otros entes.

Para Gallegos, si esos fondos ingresaran en tiempo y forma, la obra social tendría otra capacidad de respuesta frente a sus obligaciones. Explicó que la falta de liquidez repercute en el pago a prestadores, en la compra de remedios y en la continuidad de tratamientos, generando trabas en toda la cadena sanitaria.

También señaló que esa situación financiera deteriorada ya impacta en la relación con algunos laboratorios y proveedores. Aseguró que, en ciertos casos, OSEF se ve obligada a adquirir medicamentos por fuera de sus canales habituales, con incrementos superiores al 90 por ciento, debido al bloqueo de cuentas o restricciones comerciales.

En otro tramo de sus declaraciones, Gallegos cuestionó a prestadores privados por decisiones que, según indicó, no figuran en los convenios vigentes. Entre ellas mencionó la implementación de cupos de atención y el cobro de montos extra a afiliados, algo que consideró irregular. Incluso anticipó que pedirá sanciones dentro del directorio por esas conductas.

El vocal también vinculó la crisis con la necesidad de revisar el modelo de administración de la obra social. Sostuvo que desde el sector de trabajadores vienen planteando que la gestión debería estar conducida por quienes realizan los aportes, mientras que el Estado debería cumplir un rol de control y supervisión.

Por último, planteó que uno de los ejes a fortalecer es la transparencia en la información pública sobre la situación de OSEF. Afirmó que la comunidad debe conocer de manera más clara cuál es el estado financiero de la institución y cuáles son las posiciones que se discuten dentro del directorio. A su juicio, sin el pago de las deudas y sin una recomposición de los ingresos, será muy difícil garantizar una respuesta adecuada para los afiliados.