La posibilidad de que Estados Unidos revise su respaldo diplomático al Reino Unido en la disputa por las Islas Malvinas abrió un nuevo escenario político y diplomático para la Argentina. La versión, surgida a partir de una filtración vinculada al Pentágono, fue recibida con expectativa por el gobierno de Javier Milei, que rápidamente volvió a ratificar el reclamo de soberanía nacional sobre el archipiélago.

El eje de la discusión vuelve a estar puesto en la Resolución 2065 de Naciones Unidas, aprobada el 16 de diciembre de 1965 por la Asamblea General de la ONU. Ese documento es considerado la base jurídica central del planteo argentino, ya que reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

Desde el retorno de la democracia, todos los gobiernos argentinos se apoyaron en esa resolución para sostener el reclamo en los foros internacionales. Su importancia radica en que encuadra el caso Malvinas como una cuestión de descolonización y exhorta a ambos países a iniciar negociaciones bilaterales para alcanzar una solución pacífica.

El Reino Unido, sin embargo, se negó históricamente a abrir esa mesa de diálogo. Londres sostiene que no existe nada que negociar y apela al argumento de la autodeterminación de los isleños, especialmente después del referéndum de 2013, en el que los habitantes de las islas votaron por continuar bajo dominio británico.

La posición argentina es distinta. El planteo nacional remarca que la ONU no reconoce a los isleños como un “pueblo” con derecho a la libre determinación, sino que establece que deben contemplarse sus intereses. Para la Argentina, la población actual fue implantada luego de la ocupación británica de 1833, considerada un acto de fuerza que vulneró la integridad territorial del país.

En ese punto se apoyó el canciller Pablo Quirno, quien respondió a la reacción británica y cuestionó la validez del referéndum realizado en las islas. Según sostuvo, al tratarse de una población implantada y no reconocida por Naciones Unidas como pueblo sujeto a autodeterminación, esa consulta no puede ser tomada como argumento válido para cerrar la discusión de soberanía.

La filtración que generó el revuelo fue publicada por la agencia Reuters y hace referencia a un correo interno del Pentágono. Allí se mencionaría la posibilidad de que Estados Unidos revise su respaldo a determinadas “posiciones imperiales” de países europeos, categoría en la que podría ingresar el caso Malvinas.

Para el Gobierno argentino, un eventual cambio de postura de Washington tendría un peso significativo. Estados Unidos ha sido históricamente el principal aliado del Reino Unido y su posición, aun cuando fue presentada muchas veces como neutralidad, terminó favoreciendo al país que ocupa el territorio.

Si la Casa Blanca dejara de respaldar diplomáticamente a Londres, la Resolución 2065 podría ganar mayor fuerza como marco internacional para exigir una negociación. Incluso, en la práctica, Estados Unidos podría modificar su comportamiento en votaciones dentro de la ONU o la Organización de Estados Americanos, lo que podría influir en otros países que suelen alinearse con la postura norteamericana.

En la Cancillería argentina observan con atención ese posible movimiento. Aunque por ahora se trata de una filtración y no de una decisión oficial, en el Gobierno no descartan que Donald Trump pueda realizar alguna declaración favorable al reclamo argentino o que se avance en algún documento conjunto que incluya la cuestión Malvinas.

También aparece como posibilidad un eventual respaldo de Estados Unidos a la Argentina en la OEA. Aunque se trataría de gestos principalmente simbólicos, en el plano diplomático representarían una presión inusual sobre el Reino Unido para que acepte discutir la soberanía de las islas.

El Gobierno argentino también mira como antecedente el caso de las Islas Chagos, donde la presión internacional y las resoluciones de Naciones Unidas empujaron al Reino Unido a negociar con Mauricio. En ese sentido, una modificación en la postura estadounidense podría fortalecer la estrategia argentina para insistir con la vía diplomática.

Tras la reacción británica, Quirno publicó un extenso mensaje en redes sociales en el que reafirmó la posición nacional. Allí sostuvo que la ocupación de 1833 fue contraria al derecho internacional, defendió la vigencia de la Resolución 2065, rechazó el argumento británico de la autodeterminación y denunció la explotación ilegal de recursos naturales en el área en disputa.

Javier Milei replicó el mensaje del canciller y sumó una definición política: “Las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas”. El gesto buscó alinear al Gobierno con una causa de fuerte sensibilidad nacional y, al mismo tiempo, capitalizar el impacto que generó la versión sobre un posible cambio de postura de Estados Unidos.

Por ahora, el escenario sigue abierto y depende de que la filtración se transforme o no en una decisión concreta de Washington. Sin embargo, para la Argentina, la sola posibilidad de que el Reino Unido pierda apoyo diplomático en la disputa por Malvinas revaloriza la Resolución 2065 y vuelve a colocar el reclamo de soberanía en el centro de la agenda internacional.