La situación de las chacras de Margen Sur volvió a estar en debate durante un plenario legislativo en el que productores, vecinos y representantes del Gobierno provincial analizaron el proyecto que busca avanzar con la regularización y expropiación de tierras, principalmente en el macizo 67. Desde el sector productivo advirtieron que la falta de títulos limita las inversiones y el acceso a servicios, mientras que el Ejecutivo explicó los alcances de la iniciativa.

Francisco “Pancho” Barría, productor agropecuario de la chacra Abuela Julia, sostuvo que contar con la tenencia definitiva resulta indispensable para fortalecer la producción local. “Si hablamos de soberanía alimentaria, yo creo que una de las patas fundamentales pasa por la tenencia de las tierras. Si nosotros no tenemos tierra, ¿en qué lugar vamos a producir?”, expresó. Además, remarcó que la incertidumbre impide acceder a herramientas de financiamiento: “Si nosotros tuviéramos que hacer una inversión mayor, necesitamos algo que nos apoye. Por ejemplo, un crédito importante donde podamos crecer, cosa que no lo podemos obtener porque no tenemos un título de propiedad. O sea, estamos atados de pies y manos”.

En la misma línea, uno de los vecinos del macizo 67 recordó que el reclamo lleva más de dos décadas y señaló que actualmente son más de 100 las familias radicadas en ese sector. “La expectativa, en definitiva, es que se resuelva esta situación de irregularidad dentro del macizo y del barrio de los productores, porque ya hace más de 20 años que estamos tratando de que esto se regularice para poder tener la tenencia definitiva de las tierras”, manifestó.

Asimismo, aclaró que quienes se encuentran allí no buscan recibir gratuitamente los terrenos. “Nosotros queremos pagarla. No es que queremos que nos la regalen, simplemente queremos pagarla a un precio justo y que se nos respeten todas las mejoras que nosotros hemos hecho en el barrio, como productores y como vecinos”, indicó. Según explicó, la regularización también permitiría comenzar a tributar, planificar servicios y mejorar los proyectos existentes.

Por su parte, el secretario de Representación Política del Gobierno provincial, Federico Giménez, explicó que el proyecto impulsado por el Ejecutivo contempla específicamente al macizo 67 y modificaciones a la Ley 1287. “Una de las preocupaciones grandes que tiene un sector de los chacareros es la falta de expropiación del macizo 67, donde hay muchos productores con la realidad bastante puesta en valor en sus chacras, y todo eso corre riesgo si no son dueños de la tierra”, señaló.

Giménez detalló además que, de aprobarse la iniciativa, se realizará un nuevo censo para determinar quiénes producen e invierten actualmente en el sector. La propuesta prevé que aquellas parcelas sin actividad productiva puedan destinar parte de su superficie a un banco de tierras administrado por el IPV para futuros proyectos. “La idea es que todos los que estén hoy usufructuando esas tierras puedan producir, puedan colaborar con la producción local. Ese es el incentivo de esta ley”, afirmó.

Finalmente, el funcionario aclaró que la aprobación legislativa será apenas el primer paso. Luego deberá declararse la utilidad pública de las tierras, avanzar con su tasación y abrir un proceso de negociación con los actuales titulares. Mientras tanto, productores y familias esperan que esta nueva instancia permita cerrar un reclamo de años y brindar seguridad jurídica para continuar desarrollando la actividad en Margen Sur.