El secretario Legal del Gobierno de la Provincia, Emiliano Fossatto, confirmó que, junto con la presentación realizada ante la Justicia Federal en la que se plantea la inconstitucionalidad de la resolución que ordenó la intervención del Puerto de Ushuaia, se incorporó el pedido de una medida cautelar urgente con el objetivo de suspender los efectos del acto y las acciones que viene llevando adelante la Administración Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN).

Según explicó el funcionario, la resolución de intervención “viola el régimen federal y la autonomía provincial”, motivo por el cual el Ejecutivo provincial solicitó el cese definitivo de toda acción o acto de la ANPyN, así como la garantía del pleno y exclusivo ejercicio del dominio, la administración y la explotación de las actividades portuarias por parte de la Dirección Provincial de Puertos.

En ese marco, Fossatto detalló que la presentación judicial contempla una medida cautelar “con el fin de que se suspendan los efectos del acto y se garanticen los derechos de la Provincia sobre el Puerto”, motivo por el cual se solicitó además la habilitación de la feria judicial, entendiendo que la situación amerita una respuesta urgente por parte del Juzgado interviniente.

“El pedido se fundamenta en una afectación concreta de la autonomía provincial y en la percepción de los recursos generados por el Puerto, sin que exista explicación alguna por parte de la ANPyN”, sostuvo el funcionario. En ese sentido, indicó que una de las primeras decisiones adoptadas por la intervención fue la notificación de una cuenta bancaria a la que deben transferirse los depósitos por servicios portuarios, lo que implica —según señaló— una vulneración flagrante a la autonomía provincial, dado que esos ingresos pertenecen al erario público fueguino.

Asimismo, Fossatto expresó su preocupación por la falta de información respecto de qué montos se están recaudando y cómo se está invirtiendo dicha recaudación, y advirtió que también se estaría incurriendo en una violación directa al convenio oportunamente suscripto entre Nación y Provincia, mediante el cual se transfirió a título gratuito el dominio y la explotación del Puerto.

Por otra parte, el Secretario Legal confirmó que este jueves se recibió el primer despacho del Juez Federal, quien resolvió no habilitar la feria judicial. Al respecto, Fossatto manifestó su sorpresa, al considerar que “dada la gravedad de la situación planteada y el pedido de una medida cautelar por los actos que se están desarrollando —entre ellos la sustracción de recursos propios—, los presupuestos para la habilitación de la feria se encuentran debidamente acreditados”.

No obstante, informó que el magistrado dio curso al expediente y lo remitió a la Fiscalía Federal, a fin de que evalúe la competencia de la Corte, la validez de la medida cautelar solicitada y la legitimación del Gobernador para impulsar la acción judicial.

En ese sentido, Fossatto sostuvo que “la competencia y la legitimación están dadas, ya que el Gobernador es el titular de la administración y de la defensa de los intereses de la Provincia”, aunque aclaró que el Ejecutivo se encuentra analizando los pasos a seguir en función de las observaciones planteadas.

Finalmente, indicó que las cuestiones vinculadas a la matrícula federal requerida fueron consideradas aspectos formales menores, señalando que la presentación fue realizada en su carácter de apoderado legal de la Provincia.