El Secretario General de ATE Seccional Río Grande, Felipe Concha, dialogó con FM Del Pueblo sobre la situación irregular que se detectó en el barrio de las 120 viviendas, adjudicadas a afiliados del sindicato a través de un proyecto gestionado en conjunto con el IPV. Según denuncias recientes y un censo realizado por el Instituto Provincial de la Vivienda, algunas unidades no están habitadas y, en ciertos casos, se detectó que personas no adjudicatarias estarían intentando alquilar o incluso vender las viviendas.

“Nosotros desde el sindicato hicimos una gestión para hacer viviendas por la necesidad que había y lo hay todavía porque no se están entregando más viviendas”, explicó Concha, quien señaló que el proyecto fue pensado exclusivamente para afiliados a ATE.

En ese marco, el dirigente confirmó que el gremio presentará una nota formal al IPV solicitando que se actúe si se detecta que alguna de las unidades está siendo alquilada, ofrecida en venta o desocupada:

“Si la presidenta del IPV nota a alguna persona que quiere vender o que no vive ahí, que inmediatamente nos lo informe. Ponemos otro afiliado en esa vivienda porque quedaron muchos compañeros colgados”.

Consultado sobre si estaban al tanto de estas irregularidades, Concha explicó que hubo señales:

“Los vecinos decían que había compañeros que no eran afiliados y estaban dando vueltas por las casas. Cuando entregamos las 120 viviendas, el IPV hizo un filtro con tierras fiscales y otras bases para asegurarse de que los beneficiarios no tuvieran propiedades en ninguna parte del país. Si mintieron, es una vergüenza, porque hay muchos compañeros que necesitan una casa y hoy están pagando una fortuna en alquiler”.

Ante la pregunta sobre el rol del sindicato frente a estas situaciones, remarcó:

“Nosotros notificamos inmediatamente al IPV. El que tiene que desalojar es el IPV, pero vamos a pedir ese desalojo si detectamos que la vivienda no está siendo habitada por el adjudicatario”.

Además, informó que ya se está trabajando en conjunto con el Instituto para recorrer el barrio y verificar los casos señalados:

“El sábado, cuando el IPV hizo la visita, mandamos una compañera. En la próxima vamos a estar todos caminando el barrio. Conocemos a los afiliados y vamos a identificar quiénes están y quiénes no”.

En cuanto a versiones sobre supuestos intentos de venta o personas que “cuidan” viviendas sin ser adjudicatarios, Concha fue contundente:

“Si el IPV comprueba que alguien está vendiendo o alquilando una vivienda, lo tienen que sacar inmediatamente. Es una burla hacia los compañeros, hacia ATE y hacia el IPV”.

Respecto a la situación contractual de los beneficiarios, el dirigente informó que hubo avances importantes tras un largo período en el que no se pagaban las cuotas:

“Todos tienen trabajo y no estaban pagando porque el fideicomiso era manejado por el banco. Nadie quería tratar con el banco, por eso trabajamos con el IPV para que se haga cargo”.

Y agregó: “Ayer me informó la presidenta del IPV que ya tienen la documentación del banco. Vamos a avanzar para poner el costo real de cada vivienda y que los compañeros empiecen a pagar”.

Finalmente, sostuvo que el compromiso del gremio es con los trabajadores que realmente necesitan una casa:

“Queremos que paguen, que regularicen la situación. No queda bien que hace tres años no paguen. No es porque no quieran, sino porque no se había definido quién administraba”.