El reclamo de las universidades públicas nacionales continúa firme. Tras un congreso realizado por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y la Conadu Histórica, se confirmó un paro nacional de 72 horas para los días miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de noviembre, en demanda de una recomposición salarial y mayores fondos para el sistema universitario.

Desde el gremio manifestaron que “nuestros ingresos quedaron muy por debajo de la inflación y varias universidades ya declararon la emergencia presupuestaria porque los fondos actuales no alcanzan para terminar el año”. En esa línea, denunciaron que la pérdida salarial real alcanzó el 38,7% a agosto de 2025, en comparación con diciembre de 2023, mientras que los gastos de funcionamiento se redujeron en un 33,4%.

El reclamo se da en un contexto en el que el Gobierno nacional mantiene congeladas las negociaciones salariales y aún no implementa la Ley de Financiamiento Universitario, pese a que el veto presidencial fue revertido por ambas cámaras del Congreso. En tanto, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, ratificó que “no está previsto el aumento de salarios en la medida que lo solicitan los sindicatos”.

En el marco del debate por el Presupuesto 2026, el proyecto oficialista incorpora medidas que eliminan el piso de inversión educativa del 6% del PBI y suprimen la progresividad en la financiación de ciencia y tecnología, establecida por la Ley N° 27.614. A su vez, se asignan $1.000 millones para cada una de las cuatro universidades nacionales creadas en 2023 Delta, Pilar, Río Tercero y Madres de Plaza de Mayo, montos considerados simbólicos por su insuficiencia para garantizar el funcionamiento anual.

Mientras el Gobierno sostiene que “no se recortaron fondos y no cerró ninguna universidad”, desde los gremios y legisladores opositores remarcan que la vocación docente es lo que mantiene en pie el sistema público universitario. “Para 2026, el aumento previsto en paritarias promediará el 9,5%, con una inflación proyectada del 10%”, advirtió la diputada Danya Tavela, quien cuestionó la falta de previsión y el deterioro del financiamiento estatal.

Las federaciones universitarias insistieron en que la medida de fuerza busca visibilizar la crisis presupuestaria y exigir la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, con el objetivo de garantizar condiciones dignas para el personal docente y no docente, así como la continuidad de las actividades académicas en todo el país.