En el inicio de una nueva medida de fuerza a nivel nacional, la secretaria General de CONADU Histórica, Francisca Staiti, explicó que el paro universitario de una semana está directamente vinculado a la falta de respuestas del gobierno nacional y al deterioro salarial que atraviesa la docencia universitaria.

Durante una conferencia de prensa, Staiti señaló que el eje central del conflicto es la Ley de Financiamiento Universitario: una norma aprobada por el Congreso, vetada luego por el presidente Javier Milei, y posteriormente insistida nuevamente por el Parlamento. “Hoy tenemos una ley promulgada mediante el decreto 27.795, pero suspendida por el decreto 759”, describió, remarcando la incertidumbre que genera esta situación.

La dirigente recordó que la suspensión de la ley se suma a una pérdida salarial acumulada que supera el 40% desde noviembre de 2023. Según precisó, esa caída del poder adquisitivo fue reconocida por el propio gobierno en el decreto que deja sin efecto la aplicación de la norma de financiamiento.

Staiti cuestionó además las recomposiciones salariales otorgadas por decreto en los últimos meses, a las que calificó de insuficientes: “Ninguna actualización superó el 1% o el 1,2%, en todos los casos por debajo de los índices de inflación, incluso cuando se anunció una baja de la misma”. En ese marco, insistió en la necesidad de una recuperación real del salario docente.

Frente a este escenario, la federación definió una semana completa de paro como antesala de lo que podría ocurrir en 2026 si no se obtienen respuestas favorables. La medida, explicó Staiti, busca marcar un límite y anticipar que el conflicto se profundizará en caso de que no haya cambios en la política salarial y presupuestaria hacia las universidades nacionales.

Paralelamente, CONADU Histórica presentó un amparo sindical en el fuero laboral contra el Poder Ejecutivo Nacional. En esa acción judicial se reclama la inconstitucionalidad del decreto 759, que suspendió la aplicación de la Ley 27.795, y se solicita que se ordene su ejecución plena tanto para la actualización de los gastos universitarios como para la recomposición salarial del sector.

La demanda incluye, además, la exigencia de que se cumplan los artículos de la ley que obligan a convocar a la paritaria nacional universitaria. La federación pide que se restituya el salario a los valores de julio de 2025 con un incremento del 40,25%, y que se respete el plazo máximo trimestral para las negociaciones, algo que —denuncian— no se cumple desde hace meses.

Staiti recordó que la última instancia de diálogo con el gobierno fue una reunión técnica el 7 de octubre del año pasado, que ni siquiera puede considerarse paritaria formal. “Desde el 26 de septiembre, cuando nos vimos por última vez con la Subsecretaría de Políticas Universitarias, no volvimos a tener audiencia con el gobierno nacional”, advirtió.

La dirigenta subrayó que el deterioro del financiamiento universitario impacta no solo en los salarios, sino también en el sostenimiento del sistema: “Se está favoreciendo el éxodo y la renuncia de investigadores, y se resiente el rendimiento académico en todo el país”. Según remarcó, el funcionamiento cotidiano de las universidades se sostiene gracias al esfuerzo de miles de docentes y trabajadores no docentes que continúan cumpliendo sus tareas pese a la falta de presupuesto y al deterioro de sus ingresos.

Finalmente, Staiti afirmó que el paro de una semana tiene por objetivo “no normalizar” la crisis que atraviesan las universidades públicas. “Las cosas están mal en la universidad y nuestros salarios están mal. Por eso, además de la lucha gremial, recurrimos al Poder Judicial y al Poder Legislativo, porque el Poder Ejecutivo, que debería darnos respuestas, hasta ahora no lo hace. Estamos llevando adelante todas las acciones necesarias”, concluyó.